El fortalecimiento de las sanciones penales por la muerte de especies en peligro de extinción en San Luis Potosí avanzó en comisiones, luego de que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobara un dictamen que endurece el castigo por este tipo de conductas.
El dictamen avala, con modificaciones, una iniciativa presentada por la diputada local Roxana Hernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, que propone reformar el artículo 317 del Código Penal del Estado y adicionar el artículo 121 BIS a la Ley de Protección a los Animales, con el fin de establecer penas diferenciadas cuando el maltrato animal derive en la muerte de especies protegidas.
De acuerdo con el proyecto aprobado en comisión, cuando el maltrato provoque la muerte de una especie catalogada como en peligro de extinción, amenazada o sujeta a protección especial conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, la sanción podrá alcanzar de cuatro a siete años de prisión, además de multas económicas, superando las penas actualmente previstas para otros casos de maltrato animal.
En la exposición de motivos, la legisladora argumentó que la reforma busca reforzar la protección de la biodiversidad en el estado, al considerar que México concentra cerca del 10 por ciento de la biodiversidad mundial y que San Luis Potosí cuenta con registros de especies en riesgo, como el jaguar, particularmente en regiones como la Huasteca.
El dictamen también incorpora una prohibición expresa en la Ley de Protección a los Animales para dañar o matar especies en riesgo, vinculando directamente esta conducta con las sanciones penales previstas en el Código Penal estatal, con lo que se pretende cerrar vacíos legales y fortalecer la capacidad de sanción de las autoridades.
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente sostuvo que la iniciativa es congruente con el artículo 4º constitucional, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano y prohíbe el maltrato animal, así como con diversos instrumentos internacionales en materia de conservación de la biodiversidad suscritos por el Estado mexicano.
Tras el análisis jurídico correspondiente y los ajustes de técnica legislativa realizados, el dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y eventual aprobación.
