Por omisión en atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos y por acciones contrarias a lo que estipula la ley, en un hecho sin precedentes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 4/2024 al Congreso del Estado.
En los días recientes, el presidente de la Directiva, diputado Ulices Mendoza Padrón, recibió la notificación de la CEDH sobre esta recomendación y ahora, el Congreso del Estado tiene un plazo de 15 días para aceptarla o rechazarla, y en caso de no responder en ese tiempo, la recomendación podría ser transferida a la LXIV Legislatura, que inicia sus funciones el próximo sábado 14 de septiembre.
De acuerdo con los hechos, María de Jesús «MaryChuy» Almendarez Prieto, víctima reconocida de violaciones a sus derechos humanos según las recomendaciones de la CEDH y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acudió a la oficina del ex presidente de la Comisión Especial de Atención a Periodistas y vocal de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, Eloy Franklin Sarabia, para solicitar ayuda.
El legislador no le permitió hablar y comenzó a hacer comentarios que la hicieron sentir incómoda, además de informarle que había grabado la conversación sin su consentimiento. Tras la queja interpuesta el 4 de junio de 2021, se inició la recopilación y valoración de documentos, audios, videos y diversas notas periodísticas relacionadas con el incidente.
La CEDH comprobó que, en lugar de brindar apoyo y asistencia a la víctima, el diputado la revictimizó, no la trató con respeto, y en lugar de proteger sus derechos humanos, los violó, “se advierte que el diputado incumplió los criterios normativos”, Además, el diputado no prestó atención a la problemática, lo que resultó en violaciones continuas y sostenidas del derecho humano a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.
La CEDH recomendó la reparación integral del daño conforme a lo establecido por la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí y garantizar la no repetición de los hechos. Además, solicitó al Congreso del Estado que elabore un protocolo de atención a víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos, y que capacite a los servidores públicos, especialmente a los nuevos y nuevas diputadas, en derechos de las víctimas, seguridad jurídica y legalidad.
Además, solicita que se investiguen los hechos atribuibles al diputado Eloy Franklin y, si es necesario, se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes.
