FGE, SEGE y SEER concentran más del 70% de las quejas ante la CEDH

Durante el primer trimestre de 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) documentó 106 quejas formales, de las cuales el 70.75 por ciento están dirigidas a tres instituciones clave del estado: la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

De acuerdo con los informes oficiales, la FGE encabeza la lista con 37 quejas, seguida muy de cerca por la SEGE con 36, en su mayoría relacionadas con abusos en el entorno escolar. El SEER acumula 12 señalamientos, lo que en conjunto suma 85 quejas, evidenciando un patrón sistemático de violaciones en sectores fundamentales como la justicia y la educación.

En paralelo, otras instituciones públicas también fueron señaladas por presuntas violaciones a derechos humanos. El organismo operador de agua potable, Interapas, suma ocho quejas por negar el acceso al recurso hídrico; mientras que la Guardia Civil Estatal recibió 10 quejas por violencia institucional. La Dirección General de Prevención y Reinserción Social alcanzó seis denuncias, varias de ellas relacionadas con tortura y malos tratos en centros penitenciarios.

Aunque las 106 quejas formales corresponden solo a enero y febrero de este año —ya que los datos de marzo aún no han sido consolidados—, el reporte también contabiliza 70 medidas precautorias emitidas por la CEDH ante situaciones de riesgo inminente. Estas cifras no solo evidencian un deterioro en las garantías individuales en San Luis Potosí, sino también un fracaso institucional para proteger los derechos fundamentales de la población.

Casos como abuso sexual contra estudiantes, maltrato infantil, tortura y negación de servicios básicos como el agua potable son solo una muestra del amplio espectro de violaciones documentadas. Lejos de tratarse de hechos aislados, el informe pinta un panorama donde la transgresión a los derechos humanos se ha vuelto una constante en la administración pública estatal.

La Comisión concluye que este fenómeno no es un incidente ocasional, sino una problemática estructural que avanza sin contención, reflejando una preocupante falta de responsabilidad por parte de las instituciones encargadas de garantizar la dignidad y seguridad de la ciudadanía.