Por Abogada Disruptiva
Hace algunos años, México presumía avances en materia de transparencia y acceso a la información. Hoy, parece que caminamos en reversa. En pleno 2025, vivimos lo que podría llamarse la época de la opacidad. ¿Alguien sabe realmente qué pasó con Compranet? ¿Qué implicó su desaparición? ¿Cómo funciona ahora Compra Mex, si es que existe una alternativa real?
El problema no es solo técnico ni de trámite burocrático. Es profundo y sistémico. Hoy, intentar consultar contratos públicos de hace cinco años, justo al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es una odisea. No hay plataforma funcional, no hay datos claros, y los archivos se pierden entre rediseños, excusas y supuestos “mantenimientos”. ¿Qué significa eso? Que los contratos firmados con recursos públicos, es decir, con dinero de todas y todos, simplemente no están a la vista.
Pero esto no es un pleito entre partidos ni solo entre oposición y gobierno. Es una tragedia que afecta directamente a las personas ciudadanas. ¿Cómo puedo yo, como contribuyente, como periodista, como investigadora, como simple habitante, saber en qué se gastaron mis impuestos? ¿Cómo puedo vigilar si los recursos de salud, de educación, de infraestructura, realmente llegaron a donde tenían que llegar?
El derecho de acceso a la información no es un lujo ni un capricho. Es una herramienta fundamental para la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Sin transparencia, no hay manera de exigir, de señalar, de corregir el rumbo. La opacidad convierte a las instituciones en cajas negras y a la ciudadanía en espectadores impotentes.
Y mientras tanto, los órganos garantes, como el INAI, sobreviven apenas entre ataques políticos, presupuestos limitados y el fantasma de su desaparición. El mensaje es claro: la transparencia incomoda al poder. Cada gobierno la defiende cuando le conviene y la ignora cuando estorba.
La paradoja es brutal. Se nos dice que “ya no hay corrupción”, pero al mismo tiempo se cierran las puertas para verificarlo. Sin información pública, ese discurso se convierte en un acto de fe, no en una realidad comprobable.
Hoy más que nunca, urge reconstruir una institucionalidad que garantice el derecho a saber. No se trata de un pleito entre políticos, sino de una demanda ciudadana: queremos saber qué hacen con nuestro dinero, qué decisiones toman en nuestro nombre, qué contratos firman con recursos de todas y todos.
La opacidad es cómoda para los gobiernos y cara para la ciudadanía. La pregunta ya no es quién está dispuesto a abrir los datos, sino quién tiene el valor de exigirlos, sin importar a quién incomoden.
Porque si no podemos conocer el pasado reciente, ¿qué nos garantiza que podremos entender las decisiones de hoy?
