En los pasillos de los hospitales públicos de México, se repite una historia vieja, conocida, casi institucionalizada: la del maltrato, la humillación y la indiferencia. No se trata de una exageración. Internos, residentes y personal médico en formación llevan décadas enfrentando condiciones que van mucho más allá de la falta de recursos.
Lo que impera, muchas veces, es una forma de enseñanza construida desde la violencia. Una pedagogía del castigo que se normaliza y perpetúa como si fuera parte del camino “natural” para convertirse en profesional de la salud.
He escuchado historias que hielan la sangre. Médicos residentes obligados a mantenerse despiertos más de 36 horas sin descanso, internos utilizados como asistentes personales, siendo reprendidos públicamente por errores mínimos, recibiendo burlas, gritos y castigos simbólicos como “vendajes inútiles” solo para exhibirlos frente a otros. Lo he visto: cómo se marchita la vocación, cómo se extingue la chispa con la que muchos jóvenes llegan a su primer hospital.
En un país con tantas necesidades de personal de salud, es criminal que quienes deciden formarse para salvar vidas sean tratados como esclavos modernos. Porque aunque muchos los siguen llamando “becarios”, en realidad son trabajadores: cumplen horarios, hacen guardias extenuantes, atienden pacientes, sostienen turnos enteros. Pero su estatus legal está en una zona gris que les impide reclamar sus derechos laborales. Una situación tan conveniente para las instituciones como devastadora para quienes la viven.
Y no se trata solo de sobrecarga de trabajo o falta de pagos a tiempo —que ya de por sí es grave—. Se trata de violencia. De jerarquías abusivas que permiten que médicos de mayor rango ejerzan poder sin control ni consecuencia. Se trata de abuso sexual, de acoso, de chantajes, de terror psicológico.
Lo revelan diversos estudios y testimonios recientes: más del 60 % de residentes ha sido víctima de maltrato o discriminación, y en el caso de las mujeres, el acoso sexual es una constante de la que se habla en voz baja, por miedo a represalias.
La salud mental del personal en formación es otro tema invisibilizado. No hay cifras oficiales claras, pero sí hay nombres, historias truncas. Suicidios, depresiones severas, ansiedad crónica. Todo bajo una consigna brutal: “aguantar, porque así es esto”. Quienes se quejan son acusados de débiles. Quienes denuncian, silenciados o expulsados del sistema. Las instituciones, incluyendo algunas universidades, son cómplices por omisión.
Lo más doloroso es que esto no es nuevo. En 1964 ya había protestas. Ya se denunciaba que internos y residentes eran explotados, que no se les pagaba, que se violentaban sus derechos. ¿Qué ha cambiado en más de medio siglo? Muy poco. Solo que ahora, muchas de las agresiones están documentadas, hay redes sociales donde se gritan estos abusos, y aún así las autoridades siguen sin reaccionar con seriedad.
La reforma a la Ley General de Salud de 2024 habla de espacios seguros y de la obligación de garantizar derechos laborales. Pero en la práctica, esas promesas no llegan al quirófano, al aula, ni al turno nocturno.
Esta es una exigencia. A las secretarías de salud, a las universidades, a los colegios médicos y a los responsables de cada hospital: dejen de mirar hacia otro lado.
Actúen. Escuchen. Protejan. Porque detrás de cada bata blanca hay una historia, una familia, una vocación que merece ser cuidada, no destruida.
Yo no viví esto en carne propia, pero lo he visto de cerca. Sé lo que se sufre. Sé lo que se calla. Y no pienso normalizarlo. Somos obreros, sí. Pero también quienes trabajan en salud lo son. Y merecen condiciones justas, dignas, humanas. No hay justificación posible para una pedagogía basada en el maltrato.
No más silencio. No más romanticismo del sacrificio. La salud no se aprende con sangre
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ABOGADA DISRUPTIVA
