«El que se lleva se aguanta», advierte el gobernador mientras promete denuncias penales contra la prensa.
En medio de una nueva controversia, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, lanzó declaraciones intimidatorias contra periodistas y portales informativos críticos de su administración.
Esto ocurrió tras la difusión de un presunto mensaje de un grupo delictivo dirigido al mandatario, lo que llevó a Gallardo a emitir un video en vivo a través de sus redes sociales.
En su mensaje, Gallardo arremetió contra lo que calificó como «pseudo periodistas» y portales que, según él, llevan a cabo «campañas negras» en su contra.
Con frases como «el que se lleva se aguanta», el gobernador reveló que ya ha iniciado denuncias penales contra algunos de ellos, una postura que ha generado preocupación entre los gremios periodísticos debido a su historial de confrontaciones con la prensa.
No es la primera vez que el gobernador se ve envuelto en este tipo de polémicas. Periodistas y medios han denunciado reiteradamente acoso, agresiones y campañas de desprestigio presuntamente vinculadas a su gobierno.
Entre los antecedentes más alarmantes se encuentran expresiones como cuando Gallardo llamó «mendigos» a los medios que critican su gestión, además de afirmar que disfruta de las confrontaciones con la prensa y que «le gusta la sangre, ver arder el mundo».
Estos señalamientos, sumados a incidentes como ataques a propiedades de periodistas, bloqueo de portales informativos y campañas digitales de desprestigio, han encendido las alarmas entre organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de prensa.
La hostilidad hacia los medios críticos no solo amenaza la integridad de los comunicadores, sino que también pone en entredicho el compromiso del gobierno estatal con los derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Ante este panorama, diversos sectores de la sociedad han exigido a las autoridades federales tomar medidas para garantizar la seguridad de los periodistas y frenar cualquier acción intimidatoria desde el poder estatal.
El caso de Ricardo Gallardo subraya el entorno de riesgo y censura que enfrentan los periodistas en San Luis Potosí, evidenciando un clima que dificulta el ejercicio pleno del periodismo crítico en el estado.
