San Luis Potosí, S.L.P. – El panorama financiero de los organismos públicos locales electorales (OPLEs) en el país se ha tornado complejo de cara al proceso electoral de 2025. De acuerdo con el más reciente Informe sobre la situación presupuestal de los OPLEs del Instituto Nacional Electoral (INE), San Luis Potosí enfrenta una deuda de 5.78 millones de pesos, principalmente para el pago de servicios, lo que compromete su operatividad en medio del proceso democrático.
El informe publicado por Político MX revela que las ministraciones presupuestales han llegado incompletas a la entidad, lo que agrava la situación administrativa del organismo electoral local. Aunque San Luis Potosí aún no se ubica entre las entidades con “riesgo alto”, como ocurre con Yucatán y Zacatecas, su situación es preocupante, especialmente por los recortes y retrasos que podrían afectar funciones esenciales como la logística electoral y el cumplimiento de obligaciones laborales.
A nivel nacional, Yucatán destaca como uno de los estados en mayor riesgo presupuestal, al haber destinado 5.2 millones de pesos de su gasto operativo para la elección judicial. Esta decisión provocó que el OPLE local se quedara sin fondos para pagar salarios en noviembre y diciembre, ni para sostener la operación de su Defensoría Pública en Derechos Políticos-Electorales, además de mantener una deuda de 1.87 millones de pesos con el INE.
En Zacatecas, el organismo electoral reportó fondos apenas suficientes para cubrir servicios personales hasta junio, sin contemplar aún los pagos pendientes derivados también de la elección judicial.
Por su parte, la Ciudad de México se encuentra en nivel de “riesgo medio” ante la falta de recursos para realizar consultas ciudadanas sobre presupuesto participativo de los años 2026 y 2027, así como para atender iniciativas ciudadanas emergentes. Para resolver esta situación, la capital del país tendrá que solicitar ampliaciones presupuestales.
Veracruz también ha sido clasificado con un nivel de riesgo medio, debido a los altos costos generados por el retraso en los cómputos judiciales y la organización simultánea de elecciones locales. El estado mantiene además una deuda de 7.3 millones de pesos con el INE.
La situación nacional evidencia la urgencia de revisar el modelo de financiamiento electoral local, ya que los OPLEs, al ser autónomos pero dependientes de los presupuestos estatales, enfrentan limitaciones crecientes que comprometen su autonomía operativa.
En este contexto, San Luis Potosí debe prepararse para evitar caer en un escenario de mayor riesgo, garantizando que los recursos fluyan de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones en un año clave para la vida democrática del estado y del país.
