San Luis Potosí, SLP.- A pesar del reciente informe de la Guardia Civil Estatal (GCE), en el que se informó la detención de 238 personas durante el periodo del 15 al 21 de noviembre de 2025 y el aseguramiento de vehículos, armas y estupefacientes, persisten indicios de violencia grave que complican el panorama de seguridad en la entidad.
El boletín oficial señala que, derivados del Plan Integral de Seguridad, las detenciones incluyeron una persona puesta a disposición de la Fiscalía General de la República y las restantes ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí; se aseguraron 22 unidades motrices —16 vehículos particulares o de carga y seis motocicletas—, y se decomisaron 16 kg 253 g de marihuana, 258 dosis de “cristal” y ocho de cocaína. Asimismo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público dos armas largas, cuatro armas cortas, 23 cargadores, 368 cartuchos útiles, 11 armas prohibidas y 172 objetos “poncha llantas”. El comunicado recalca que “trabajamos con responsabilidad… en un Potosí próspero y con oportunidades”.
No obstante, el mismo lapso registra al menos un hecho que pone en evidencia puntos débiles del modelo de seguridad presentado. En la carretera que lleva a Zacatecas —alrededor del kilómetro 48, tramo de terracería que conduce a la comunidad de Cerro Blanco, municipio de Ahualulco de los Pinos— fueron hallados entre el 18 y 19 de noviembre cuerpos de hombres ejecutados, con señales de violencia y disparos de arma de fuego, según medios de comunicación locales. Las fuentes varían: algunas señalan dos cuerpos confirmados por autoridades, otras mencionan hasta cinco víctimas.
Este contraste genera una lectura más matizada sobre la seguridad en San Luis Potosí: aunque los resultados operativos de la GCE muestran actividad y detenidos, el hallazgo de este homicidio múltiple sugiere que las modalidades más violentas delictivas —ejecuciones, posibles ajustes de cuentas del crimen organizado— persisten y pueden no estar reflejadas en su totalidad en las estadísticas oficiales presentadas.
Además, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, de enero a octubre de 2025, la entidad acumuló 191 víctimas de homicidio doloso, cifra que representa una reducción respecto a años anteriores, mientras que los robos de vehículos alcanzaron 1 662 casos reportados en ese mismo periodo. Esto implica que, aunque ciertos indicadores mejoran, hay delitos como el robo de autos y el narcomenudeo que siguen siendo retos estructurales para la seguridad pública.
En ese sentido, el mensaje oficial de que San Luis Potosí “destaca por ser una de las entidades más seguras del país” adquiere el matiz de aspiración o camino en construcción más que de estado consolidado. La ciudadanía exige no sólo resultados operativos, sino también transparencia sobre zonas y hechos donde la violencia continúa, además de información actualizada sobre percepción de seguridad.
La GCE, junto con los tres órdenes de gobierno, enfrenta ahora el reto de dar seguimiento a estos hallazgos extraordinarios, consolidar protocolos de coordinación y comunicar con claridad dónde y cómo se actúa para contener las formas más extremas de violencia. El reto está lejos de cerrarse.
