Diputados de Morena en el Congreso del Estado de San Luis Potosí presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado a transparentar, mediante padrones públicos, qué unidades del transporte urbano colectivo cumplen y cuáles incumplen con los estándares de calidad establecidos en la ley, luego del reciente incremento a la tarifa del pasaje.
La propuesta surge tras el ajuste autorizado en enero de 2026, que elevó la tarifa general a 13.50 pesos, incremento que —según se expone en el documento— supera el porcentaje permitido por la Ley de Transporte Público del Estado, al considerar que la inflación acumulada de 2025 fue de 3.69 por ciento, lo que habría justificado un aumento aproximado de 46 centavos y no de un peso completo.
En el punto de acuerdo, las y los legisladores señalan que el incremento equivale a un alza cercana al 8 por ciento, cifra que rebasa por más del doble el límite legal vinculado al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), además de que —afirman— no se ha reflejado en mejoras sustanciales del servicio.
Entre las principales deficiencias denunciadas se encuentran unidades con más de 10 años de antigüedad, falta de cámaras de videovigilancia y botones de pánico funcionales, así como el exceso de pasajeros en horas pico, condiciones que, sostienen, ponen en riesgo la seguridad de las personas usuarias, en particular de mujeres, estudiantes y personas trabajadoras.
El exhorto plantea tres acciones concretas: la entrega de un padrón detallado de las unidades que cumplen y no cumplen con los estándares de calidad; la publicación de un padrón ciudadano de fácil acceso para que las personas usuarias conozcan el estatus de cada unidad; y la implementación de una campaña de fiscalización y sensibilización dirigida a los concesionarios del transporte urbano.
Asimismo, se propone que, en caso de que una unidad no cumpla con los requisitos legales, las y los usuarios puedan pagar la tarifa anterior de 12.50 pesos y denunciar cobros indebidos, con el fin de que la autoridad investigue y sancione conforme a la ley.
El documento fue suscrito por las y los diputados Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Nancy Jeanine García Martínez, Carlos Artemio Arreola Mallol, Jessica Gabriela López Torres, Luis Emilio Rosas Montiel y José Roberto García Castillo, integrantes del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura.
