San Luis Potosí, SLP.- El Congreso del Estado suma una nueva omisión en medio de la crisis de desapariciones: desde hace ocho años se ha negado a cumplir con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que obliga a la creación de una Fiscalía Especializada en Desapariciones. Ante el abandono legislativo, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros decidió llevar el caso a los tribunales a través de un amparo indirecto.
El recurso fue promovido con el acompañamiento de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, después de años de promesas incumplidas y puertas cerradas. Para su presidenta, Edith Pérez Rodríguez, no se trata de un simple atraso, sino de una “omisión criminal” que perpetúa la violencia institucional.
La omisión legislativa no es un descuido burocrático, es una forma de violencia institucional. Nos condena a más dolor, más incertidumbre y más impunidad
San Luis Potosí se mantiene entre los seis estados del país que aún carecen de esta fiscalía especializada, pese a que el plazo federal para armonizar la legislación venció el 15 de septiembre de 2025.
El colectivo recordó que en un acto público entregaron corazones de papel al diputado Fernando Gámez, quien entre lágrimas prometió impulsar la creación de la fiscalía. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido avances.
Recibió nuestros corazones rotos en sus manos, temblando, comprometiéndose a hacer todo lo que fuera necesario. Hoy no ha hecho nada. Fue una ofensa terrible, un compromiso roto más
Las familias también responsabilizaron al Ejecutivo estatal, al que acusan de frenar cualquier iniciativa, mientras la Subsecretaría de Gobierno se limita a simular mesas de diálogo. Incluso han entregado peticiones formales durante eventos de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Búsqueda, sin que exista respuesta real.
A esto se suma la postura de la fiscal general, María Manuela García, quien justificó la falta de avances por ausencia de recursos, aunque la propia ley establece la obligación de crear la fiscalía sin condicionamientos.
Camino judicial
La desconfianza hacia los diputados es total. El colectivo considera agotada la vía política y ahora apuesta por obligar al Congreso a cumplir mediante resoluciones judiciales.
Ya no queda espacio para la confianza moral. Si no actúan por voluntad, tendrán que hacerlo por la vía legal. Las desapariciones no admiten excusas porque vivos se los llevaron y vivos los queremos
La exigencia se mantiene: que el Congreso de San Luis Potosí deje de legislar para intereses políticos o negocios particulares y cumpla con el mandato constitucional que hasta hoy ha ignorado.
