La semana pasada vimos una decisión que tuvo poco de coherente y mucho de demagogia: adelantar mes y medio las vacaciones escolares bajo distintos argumentos. Que si el calor, que si el calendario académico, que si la ciudadanía lo pedía… aunque muchos entendieron que el verdadero trasfondo tenía más relación con el ambiente mundialista que con la educación misma.
Sí, un Mundial es un evento extraordinario y de enorme impacto social. Pero vale la pena preguntarse: ¿por qué en anteriores Copas del Mundo celebradas en México no se tomó una medida similar? Porque, más allá de la popularidad de la decisión, el problema de fondo sigue siendo el mismo: reducir tiempo efectivo de clases significa perder contenidos, aprendizajes y continuidad educativa.
Y ahí aparece otra discusión inevitable: el perfil de quienes hoy toman decisiones en materia educativa. Mario Delgado llegó a la Secretaría de Educación Pública con una trayectoria principalmente política y electoral, no académica. Eso explica, en parte, por qué muchas decisiones parecen responder más a cálculos de popularidad que a criterios pedagógicos.
La preocupación no es menor. Desde hace tiempo existen debates sobre el rumbo de la llamada Nueva Escuela Mexicana, los cambios en los contenidos educativos y la creciente politización alrededor de la enseñanza pública. Mientras tanto, problemas verdaderamente urgentes siguen sin resolverse.
Porque si el argumento era el calor, entonces la pregunta tendría que ser otra: ¿cuántas escuelas cuentan realmente con infraestructura adecuada para enfrentar altas temperaturas? ¿Cuántas tienen aire acondicionado, ventiladores funcionales o acceso suficiente a agua potable? Ahí es donde debería concentrarse el esfuerzo institucional.
Se han destinado miles de millones de pesos a campañas, remodelaciones y proyectos diversos, pero en muchas aulas del país las condiciones básicas siguen siendo precarias. Y eso no se resuelve adelantando vacaciones.
La reacción social tampoco pasó desapercibida. Padres de familia, docentes y distintos sectores expresaron inconformidad por el impacto que tendría esta medida en el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, días después, la decisión fue revertida bajo el argumento de un consenso entre autoridades educativas estatales.
Pero el mensaje quedó claro: la presión social sí puede influir cuando existe organización y participación ciudadana. Y esa quizá sea una de las lecciones más importantes de este episodio.
Porque una sociedad que cuestiona, participa y exige mejores decisiones públicas es una sociedad más difícil de manipular.
Y mientras tanto, queda abierta otra pregunta: ¿fue realmente una propuesta improvisada o también una forma de desviar la atención de otros temas nacionales que hoy generan presión política? Cada lector tendrá su propia respuesta.
