El reciente fallo condenatorio a favor de Natalia Lane marca un hecho histórico. No todos los días una mujer trans logra que el sistema de justicia responda frente a una agresión que casi le arrebata la vida.
Nombrarlo es importante, reconocerlo también, porque estos avances no son menores en un país donde la violencia contra personas trans y no binarias sigue siendo constante y, muchas veces, ignorada.
Sin embargo, reconocerlo no debería impedirnos mirar lo que este caso también deja al descubierto. Porque cuando la justicia tiene que convertirse en un hecho extraordinario para ser visible, la pregunta ya no es solo sobre el caso, sino sobre el sistema en su conjunto: ¿realmente la justicia está garantizada para todas las personas o sigue siendo accesible solo para quienes pueden sostenerla?
En México, el acceso a la justicia no es igual. No depende únicamente de haber sido víctima o de tener la razón jurídica, sino de algo más profundo: las condiciones materiales, sociales y estructurales desde las que se enfrenta un proceso. Cuando se trata de personas trans y no binarias, y particularmente de quienes viven en contextos de precariedad o ejercen el trabajo sexual, estas desigualdades se profundizan. La violencia no termina en el momento del ataque; muchas veces continúa dentro de las propias instituciones, en forma de desconfianza, prejuicio, negligencia y revictimización. Ministerios públicos que desestiman denuncias, fiscalías que retrasan procesos y autoridades que reproducen estigmas forman parte de ese mismo entramado.
Denunciar no es suficiente. Sobrevivir tampoco.
Acceder a la justicia implica tener tiempo para asistir a audiencias, recursos para sostener traslados, acompañamiento legal constante y redes que permitan no abandonar el proceso. Implica también contar con la fortaleza emocional para atravesar años de desgaste, donde la víctima tiene que repetir su historia una y otra vez, mientras enfrenta un sistema que muchas veces pone en duda su palabra antes de investigar los hechos.
En ese contexto, la pregunta es inevitable: ¿qué pasa con quienes no tienen nada de eso? ¿Qué pasa con quienes no pueden dejar de trabajar porque su supervivencia depende del día a día? ¿Con quienes enfrentan discriminación desde el primer contacto con autoridades? ¿Con quienes son tratadas con sospecha en lugar de ser reconocidas como víctimas? ¿Con quienes no cuentan con acompañamiento ni respaldo para sostener años de litigio?
El caso de Natalia Lane no solo habla de un logro judicial. También evidencia que la justicia, en México, no está diseñada para todas las personas por igual. No es lo mismo enfrentar un proceso con estabilidad económica que hacerlo desde la precariedad; no es lo mismo atravesarlo con reconocimiento social que desde el estigma; no es lo mismo ser escuchada que tener que demostrar constantemente que lo que se vivió fue real.
Por eso este fallo importa. No solo por lo que representa en términos legales, sino por lo que deja ver en términos estructurales, aunque la justicia no se agota en una sentencia, sino que también implica reparar el daño y asegurar que esto no vuelva a pasar. Muestra que, en muchos casos, cuando una persona trans accede a la justicia no es porque el sistema funcione plenamente, sino a pesar de sus fallas estructurales. Porque ningún acceso a la justicia debería depender de la resistencia individual, sino de garantías institucionales reales.
Este no es un caso aislado ni una historia individual: es el reflejo de cómo opera la justicia cuando se cruza con la desigualdad.
Y entonces la pregunta se vuelve más incómoda: ¿cuántas personas trans y no binarias no llegan hasta ese punto? ¿Cuántos casos no avanzan? ¿Cuántas carpetas se archivan sin consecuencias? ¿Cuántas personas desisten porque el proceso es demasiado largo, costoso o doloroso para sostenerlo?
Hablar de justicia también implica cuestionar quiénes pueden acceder a ellas y quiénes quedan fuera. Porque mientras el acceso a la justicia dependa de la capacidad individual de resistir y no de garantías institucionales efectivas, seguirá siendo un privilegio y no un derecho.
Y esa es una deuda que el Estado no solo ha postergado, sino que ha sostenido.
