En la elección de 2024, la paridad de género volvió a colocarse como un avance democrático incuestionable. No es menor: ha permitido que más mujeres accedan a espacios históricamente negados y ha abierto la discusión sobre la inclusión en la vida pública. Sin embargo, este mismo proceso electoral también evidenció las resistencias del sistema político, que constantemente busca formas de adaptarse sin transformar de fondo sus prácticas.
Cuando las reglas cambian, surgen nuevas formas de eludirlas. En México ya se conocía la figura de las “Juanitas”: mujeres postuladas para cumplir con requisitos legales que, una vez electas, cedían el cargo a sus suplentes hombres. Era una simulación que burlaba el espíritu de la paridad sin violar abiertamente la norma, y que evidenció cómo los avances legales pueden vaciarse de contenido cuando no existen controles efectivos ni voluntad política para hacerlos cumplir.
En la elección de 2024, ese fenómeno adquirió nuevas formas. En el proceso local en San Luis Potosí, se registraron candidaturas de hombres en espacios destinados a mujeres, así como registros bajo la categoría de personas no binarias, sin que existiera una verificación efectiva por parte de las autoridades electorales. A pesar de los señalamientos públicos y de las impugnaciones presentadas, estas candidaturas avanzaron dentro del proceso electoral.
El problema no es la identidad, sino la simulación. Las acciones afirmativas existen para garantizar la participación de mujeres y para corregir desigualdades históricas en el acceso al poder. Cuestionarlas desde el prejuicio sería un retroceso. El uso estratégico de estas medidas para acceder a espacios que no les corresponden no amplía derechos, los distorsiona, y vacía de contenido el sentido mismo de la paridad.
Este fenómeno no es aislado ni exclusivo de un proceso electoral. Forma parte de una tensión más amplia entre el diseño de acciones afirmativas y su implementación real. Cuando las reglas no se acompañan de mecanismos claros de verificación, seguimiento y sanción, se abre la posibilidad de que sean utilizadas estratégicamente. Así, la paridad corre el riesgo de convertirse en un requisito formal que puede cumplirse en el papel, mientras en la práctica se mantienen las mismas estructuras de exclusión.
La responsabilidad no recae únicamente en quienes se registran bajo estas condiciones. También es responsabilidad de los partidos políticos que avalaron y registraron candidaturas que desvirtúan el sentido de la paridad y de las acciones afirmativas. En San Luis Potosí, los casos no fueron aislados: candidaturas impulsadas por partidos como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), y otras fuerzas políticas fueron registradas en espacios destinados a mujeres, así como bajo la categoría de personas no binarias, sin que existiera una verificación efectiva. A pesar de ello, avanzaron dentro del proceso electoral con la validación de la autoridad.
Incluso, una de estas candidaturas logró ganar una presidencia municipal y actualmente ejerce el cargo, con intención de reelegirse, mientras que en otro caso, una candidatura que no obtuvo el triunfo fue posteriormente integrada como regidor. Esto evidencia no solo vacíos normativos, sino decisiones políticas e institucionales que permitieron que la simulación no solo ocurriera, sino que también se tradujera en acceso real al poder.
Las consecuencias son profundas y van más allá de un proceso electoral. Se desplaza a quienes realmente deberían beneficiarse de estas medidas, se debilita la confianza en los mecanismos de paridad y se generan narrativas que terminan siendo utilizadas para desacreditar las luchas por la igualdad. Cuando la simulación se normaliza, lo que se erosiona no es solo una regla, sino la legitimidad misma de las acciones afirmativas como herramientas de justicia.
El papel de la autoridad electoral tampoco puede quedar fuera de esta discusión. El CEEPAC no solo validó candidaturas bajo criterios mínimos de verificación, sino que trasladó la responsabilidad a la ciudadanía a través de impugnaciones que, en muchos casos, no prosperaron. Este modelo de reacción, más que de prevención, resulta insuficiente frente a prácticas que afectan directamente la integridad del proceso electoral.
De cara a la elección de 2027, el reto es claro y no puede postergarse. Se requieren lineamientos precisos, mecanismos de verificación efectivos y criterios que permitan distinguir entre el ejercicio legítimo de derechos y su uso estratégico. No se trata de restringir derechos, sino de garantizar que no sean utilizados para simular lo que en realidad debería transformar el acceso al poder. La paridad no puede depender de la buena fe de quienes participan en el proceso, sino de reglas claras y de instituciones capaces de hacerlas cumplir.
Hablar de paridad también implica defenderla. Defenderla no solo como principio, sino como práctica real que garantice condiciones de acceso equitativas. Porque cuando se permite su simulación, no solo se afecta a quienes quedan fuera: se debilita todo el principio que buscaba corregir una desigualdad histórica.
Y en ese punto, la pregunta es inevitable: ¿se está avanzando en igualdad o solo en el cumplimiento formal de reglas que el propio sistema ha aprendido a simular?
