La reforma judicial impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, avanzó este jueves en el Congreso del Estado de San Luis Potosí en medio de un debate marcado por críticas al nuevo modelo de elección de juzgadores, posturas encontradas entre las bancadas y votos que contrastaron con algunos de los posicionamientos expresados en tribuna.
Durante la discusión del dictamen, legisladores de oposición advirtieron riesgos para la autonomía del Poder Judicial y cuestionaron la efectividad del esquema de elección popular de jueces y magistrados. Entre quienes se pronunciaron en contra se encontraron los diputados Marco Gama Basarte, Mireya Vancini Villanueva, Marcelino Rivera Hernández y Frinné Azuara Yarzábal, quienes finalmente votaron en contra de la reforma.
Uno de los momentos que más llamó la atención durante la sesión fue la participación de la presidenta del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina. Aunque en tribuna expresó cuestionamientos al rumbo que ha tomado la reforma judicial y manifestó reservas sobre algunos de sus alcances, al momento de la votación respaldó el dictamen con su voto a favor.
La discusión reflejó las divisiones que el tema continúa generando a nivel nacional. Mientras los legisladores afines a la Cuarta Transformación defendieron la necesidad de perfeccionar el modelo de elección judicial aprobado en 2024, los diputados de oposición insistieron en que la reforma no resuelve las preocupaciones sobre la independencia de jueces y magistrados.
El dictamen aprobado contempla diversos ajustes al sistema de elección judicial. Entre los cambios más relevantes se encuentra el aplazamiento, por única ocasión, de la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales estatales, la cual estaba prevista para celebrarse en 2027 y ahora se propone para junio de 2028.
La reforma también crea una Comisión Coordinadora para homologar los criterios de evaluación de aspirantes, reduce el número de candidaturas por cargo, modifica la organización territorial de las elecciones judiciales y establece mecanismos de capacitación permanente para jueces y magistrados.
Además, plantea la creación de dos secciones especializadas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para agilizar la atención de asuntos de menor relevancia constitucional y fortalece los criterios que deberán seguir las entidades federativas para replicar el modelo federal en sus respectivos poderes judiciales.
La votación dejó en evidencia que, más allá de los ajustes técnicos contenidos en la iniciativa, la reforma judicial sigue siendo uno de los temas que mayor polarización genera dentro de los órganos legislativos, incluso entre actores políticos que han manifestado reservas sobre el proyecto pero que terminaron respaldándolo al momento de emitir su voto.
