La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un nuevo mecanismo de evaluación para aspirantes a cargos judiciales, como parte de los ajustes que el Gobierno Federal busca implementar tras las críticas surgidas durante el primer proceso de elección judicial en el país.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal explicó que la propuesta contempla la creación de una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios de selección entre los tres poderes de la Unión, con el objetivo de revisar perfiles y evitar irregularidades en futuras elecciones judiciales.
Entre los cambios planteados se encuentran filtros relacionados con experiencia profesional, conocimientos técnicos, antecedentes y “buena fama pública” de las y los aspirantes, además de entrevistas y mecanismos de evaluación más estrictos para reducir el número de candidaturas que llegarán a las boletas.
La propuesta surge luego de diversos cuestionamientos realizados por especialistas, académicos y actores políticos sobre el modelo implementado para la elección judicial, particularmente por la aparición de perfiles considerados sin experiencia suficiente o presuntamente vinculados a intereses políticos y grupos de poder.
La dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional, Luisa María Alcalde Luján, explicó que uno de los objetivos será simplificar el proceso electoral y garantizar que únicamente los perfiles mejor evaluados participen en la contienda.
El tema cobra relevancia en medio de las alertas emitidas recientemente por especialistas en seguridad y democracia sobre posibles riesgos de infiltración del crimen organizado en procesos electorales rumbo a 2027.
En San Luis Potosí, el investigador y especialista en seguridad Carlos A. Pérez Ricart advirtió recientemente sobre los riesgos que podrían enfrentar las próximas elecciones debido a la posible intromisión de grupos criminales en candidaturas y estructuras partidistas.
La iniciativa federal será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y discusión como parte de la reforma judicial y electoral impulsada por el actual gobierno federal.
