El organismo operador Interapas cerró septiembre de 2026 con 22 quejas activas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 547 dictámenes sanitarios pendientes de solventar y nueve sanciones económicas de Conagua impugnadas, de acuerdo con cifras de su informe de pasivos contingentes del tercer trimestre difundidas el 27 de octubre.
Las quejas ante Profeco comenzaron septiembre con 25 asuntos pendientes. Durante el mes se recibieron tres nuevas inconformidades y se concluyeron seis, por lo que el saldo bajó a 22. La cifra representa procedimientos en trámite y no equivale, por sí sola, a resoluciones desfavorables para el organismo.
En materia sanitaria, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) mantiene 547 dictámenes vinculados con obligaciones en aprovechamientos de agua y sistemas de rebombeo. Según el informe, la estimación de posible exposición económica se sitúa entre 2 millones 848 mil y 5 millones 696 mil pesos.
El reporte también identifica nueve expedientes sancionatorios de la Comisión Nacional del Agua, con multas que suman aproximadamente 2 millones 212 mil 950 pesos. Interapas interpuso recursos de revisión; por tanto, los montos permanecen sujetos al resultado de esos procedimientos y no deben presentarse como pagos definitivos.
Dos de los expedientes de Conagua corresponden a inspecciones de 2025 y los otros siete a actuaciones de 2026. El organismo informó además sobre una controversia administrativa iniciada en 2024, de la cual no había recibido actualización al cierre de septiembre.
La acumulación de trámites ante tres instancias diferentes plantea preguntas sobre la capacidad de respuesta jurídica y técnica de Interapas. Sin embargo, cada procedimiento tiene naturaleza propia: una queja de consumidor, un dictamen sanitario y una multa federal no prueban el mismo tipo de incumplimiento.
Para dimensionar el riesgo público y financiero aún se necesita conocer el contenido específico de los dictámenes sanitarios, el calendario de solventación y los resultados de los recursos presentados. Esos datos permitirían distinguir observaciones corregidas de posibles obligaciones todavía vigentes.
