Reasignaciones presupuestales benefician a universidades públicas.
Con la aprobación en comisiones del proyecto de Presupuesto de Egresos 2025, la Cámara de Diputados dio luz verde a una serie de reasignaciones que marcan un giro significativo en la distribución de recursos federales.
Los principales ajustes, impulsados por Morena y sus aliados, priorizan la educación pública, mientras que instituciones clave como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial verán recortes importantes en sus presupuestos.
El dictamen aprobado redirige 38 mil millones de pesos, quitando 13 mil 400 millones al INE y 14 mil millones al Poder Judicial —incluyendo la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral—. Este monto será destinado mayoritariamente al sector educativo.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) encabeza la lista de beneficiarios, con un incremento de 14 mil 984 millones de pesos. Además, universidades públicas como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Colegio de México recibirán en conjunto 18 mil millones de pesos adicionales, lo que el líder de Morena, Ricardo Monreal, calificó como un acto de justicia. “La educación es lo principal de nuestro proyecto político”, afirmó.
Mientras la educación se posiciona como la gran ganadora del presupuesto, otras áreas también recibirán aumentos significativos. La Secretaría de la Defensa Nacional contará con 6 mil 292 millones de pesos adicionales, y la futura Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones arrancará sus operaciones con un fondo inicial de 3 mil 10 millones de pesos.
Por su parte, la Secretaría de Cultura verá un incremento de 3 mil millones, y la recientemente creada Secretaría de Mujeres tendrá un presupuesto inicial de 2 mil 93 millones de pesos.
En contraste, instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) enfrentarán reducciones drásticas en sus recursos, que suman mil 180 millones, 488 millones y 494 millones de pesos, respectivamente.
El recorte al INE y al Poder Judicial ha generado críticas por parte de la oposición y de expertos, quienes advierten sobre el impacto que estas reducciones podrían tener en la operación y autonomía de estas instituciones. Sin embargo, el oficialismo sostiene que los ajustes son necesarios para priorizar sectores estratégicos como la educación y la cultura.
El dictamen aún debe ser discutido y aprobado en el pleno, pero marca ya un cambio de rumbo en las prioridades presupuestales del gobierno federal, reafirmando su compromiso con la educación pública como eje central de su proyecto político.
