Romana Arriaga Contreras denunció públicamente una presunta red de complicidades entre la administración del Club de Golf La Loma, empresarios y actores vinculados al poder estatal, a quienes acusó de facilitar actividades ilícitas y operar bajo un esquema de impunidad al interior del exclusivo fraccionamiento y complejo deportivo.
Durante una rueda de prensa realizada este martes, Arriaga Contreras aseguró haber sido víctima de diversos abusos y afirmó contar con documentación que evidenciaría irregularidades financieras y operativas cometidas entre los años 2023 y 2025.
Entre las pruebas presentadas, destacó un supuesto esquema de facturación fantasma que, según señaló, habría sido utilizado para desviar recursos económicos pertenecientes a socios del Club de Golf La Loma. La denunciante, exesposa de un empresario recientemente detenido por autoridades federales junto a funcionarios de alto nivel, sostuvo que el implicado aprovechaba su posición como proveedor tecnológico de dependencias de seguridad y educación del Gobierno del Estado para manipular procesos administrativos y judiciales.
Arriaga Contreras también acusó a la administración del club de omitir resoluciones judiciales e incluso ignorar órdenes de embargo previamente emitidas.
Asimismo, recordó antecedentes relacionados con presuntas tomas irregulares de agua potable destinadas al abastecimiento de lagos artificiales durante periodos de escasez hídrica registrados en años anteriores.
En su testimonio, la denunciante aseguró que dentro del fraccionamiento habrían ocurrido diversos delitos, entre ellos consumo de sustancias ilícitas, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y presuntos abusos físicos y sexuales en contra de ella y otras personas.
Además, señaló que la Fiscalía General del Estado habría sido utilizada presuntamente como un mecanismo de protección para los involucrados. Según relató, existirían casos en los que funcionarios judiciales participaban simultáneamente en la defensa del imputado y en las investigaciones relacionadas con las víctimas.
Romana Arriaga también afirmó que exmandos policiales habrían recibido bienes familiares como pago por favores legales, situación que consideró parte de una presunta estructura de corrupción y protección institucional.
Ante ello, solicitó que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones correspondientes para garantizar imparcialidad y evitar posibles conflictos de interés derivados de las supuestas redes de complicidad locales.
