San Luis Potosí, S.L.P.- Han pasado más de 16 meses desde la última vez que Ricardo Purata pudo convivir con sus hijos. Más de un año de cumpleaños, días cotidianos, momentos familiares y tiempo que, asegura, nadie podrá devolverles y hoy decidió romper el silencio.
“Hoy vengo a levantar la voz por mis hijos”, escribió al hacer público el proceso legal que atraviesa y lanzar una petición directa a las autoridades de San Luis Potosí: imparcialidad y una revisión profunda de su caso.
Detrás de su llamado existe un complejo conflicto familiar que terminó trasladándose al terreno penal. Purata señala que desde mayo de 2025 aparece como investigado dentro de la carpeta CDI/FGE/I/D01/10727/25 por una acusación de presunto abuso sexual calificado relacionada, según refiere, con hechos que habrían ocurrido en diciembre de 2024.
Él rechaza la acusación y sostiene que existen inconsistencias que deben ser analizadas por las autoridades, particularmente respecto de las fechas y circunstancias planteadas en la denuncia.
Pero mientras el procedimiento penal continúa, hay otra historia que también avanza: la de dos niños que no conviven con su padre.
Purata asegura que la existencia de la investigación penal ha frenado las convivencias dentro del expediente familiar 766/2024 del Juzgado Sexto, incluso cuando estas pudieran realizarse bajo supervisión de una trabajadora social, una psicóloga o personal de la autoridad.
Lo que más le pesa, cuenta, es saber que sus hijos también habrían expresado su deseo de verlo.
De acuerdo con Ricardo, dentro del expediente familiar existen valoraciones de las psicólogas que han atendido a los menores en las que se establece que lo extrañan y quieren convivir nuevamente con él.
Por eso su petición no es solamente que se revise su situación jurídica. Pide que las autoridades miren también hacia los niños que se encuentran en medio de un conflicto entre adultos.
“Necesitamos certeza de las autoridades. Necesitamos el bien superior del menor. Hagan valer los derechos de los niños”, expresó.
Purata también cuestiona la integración de algunos peritajes y asegura que existen elementos del conflicto familiar previo que no habrían sido considerados suficientemente. Habla de posibles actos de manipulación, obstrucción de convivencia y otras circunstancias que, sostiene, deberían formar parte del análisis integral del caso.
Son señalamientos que corresponden a su versión y cuya veracidad deberá ser establecida por las autoridades.
Su petición, sin embargo, es concreta: que investiguen.
Que revisen las fechas. Que confronten las pruebas. Que escuchen a todas las partes. Que determinen si existe o no responsabilidad y que, mientras las instituciones hacen su trabajo, cualquier decisión relacionada con sus hijos tenga como prioridad su bienestar.
“No soy el único y mis hijos no son los únicos. Ya basta”, escribió.
El caso de Ricardo Purata toca una de las partes más delicadas de cualquier conflicto familiar judicializado: cuando niñas y niños quedan en medio de acusaciones entre adultos y el paso del tiempo comienza también a convertirse en una consecuencia.
Una acusación de abuso sexual contra un menor exige una investigación seria, exhaustiva y con todas las medidas necesarias para proteger a posibles víctimas. Pero esa misma obligación institucional implica garantizar investigaciones objetivas, debido proceso y presunción de inocencia.
Ricardo no está pidiendo públicamente que una publicación determine quién tiene la razón.
Está pidiendo que sean las autoridades quienes lo hagan.
Y mientras llega esa respuesta, asegura que continúa esperando algo mucho más sencillo de explicar que cualquier expediente judicial: volver a ver a sus hijos.
