Transportistas plantean pasaje de 23 pesos en SLP; alza cercana al 70% no está autorizada

Autobús de transporte urbano de San Luis Potosí fotografiado en 2009; imagen de archivo, no corresponde a las rutas señaladas en 2026

Los permisionarios del transporte urbano de San Luis Potosí plantearon que el pasaje en efectivo debería alcanzar 23 pesos para sostener la operación, frente a los 13.50 pesos vigentes. La diferencia de 9.50 pesos equivaldría a un incremento aproximado de 70.4%, pero no existe una autorización oficial para aplicar esa tarifa.

Margarito Terán Juárez, representante del sector, expuso que los ingresos actuales no alcanzan para renovar unidades ni cumplir con las condiciones de servicio que exige la legislación. En entrevistas difundidas por Plano Informativo y GlobalMedia, el dirigente advirtió sobre un eventual deterioro o interrupción de operaciones si no se consigue financiamiento.

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El sector también ha solicitado al Congreso recursos públicos para modernizar la flota y capacitar a operadores. Los montos difundidos oscilan alrededor de 2 mil 700 millones de pesos; por ello, es necesario conocer el documento presupuestal completo antes de fijar una cifra definitiva de apoyo solicitado.

Los propios representantes han dado estimaciones distintas sobre la proporción de autobuses obsoletos: una cobertura refiere 80% y otra 87%. No se difundió un inventario técnico verificable que permita establecer cuántas unidades requieren sustitución inmediata ni cuáles cumplen las normas.

Para una persona que utiliza dos viajes diarios, pasar de 13.50 a 23 pesos significaría elevar el gasto de 27 a 46 pesos por jornada, sin considerar transbordos. La petición abre preguntas sobre el impacto para estudiantes, trabajadores y familias que dependen del transporte público.

La decisión tarifaria corresponde a las autoridades competentes y debe sujetarse al procedimiento y criterios legales aplicables. Hasta el momento, el planteamiento de los permisionarios no equivale a una tarifa aprobada ni implica que el aumento vaya a entrar en vigor en enero.

También está pendiente que las autoridades y concesionarios expliquen qué indicadores de puntualidad, seguridad, accesibilidad y estado mecánico se exigirían a cambio de recursos adicionales o de una tarifa más elevada.

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