UASLP recupera servidores tras ciberataque, pero no precisa costo de empresa contratada

Fachada del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fotografía de archivo de 2023; no muestra el incidente de ciberseguridad

Los servidores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que permanecían encriptados tras el ataque informático de agosto ya fueron recuperados mediante la contratación de una empresa externa, confirmó el rector Alejandro Zermeño Guerra. Sin embargo, el costo del servicio no fue precisado en sus declaraciones difundidas el 31 de octubre.

El incidente de ciberseguridad afectó sistemas universitarios y mantuvo inaccesible parte de la información institucional durante varias semanas. En ese periodo, algunas gestiones tuvieron que realizarse de manera manual o presencial, mientras se buscaban alternativas para restablecer la operación.

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Consultado por Astrolabio sobre el resultado de los trabajos, Zermeño respondió: «Hubo que contratar a una empresa, pero sí, se recuperaron ya». La afirmación confirma la recuperación de los equipos bloqueados, aunque no detalla qué información se restituyó ni el alcance técnico de la intervención.

Durante la emergencia, la universidad había informado de la participación de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional en las indagatorias. La intervención de especialistas privados se planteó como una opción ante la dificultad para desencriptar los servidores afectados.

El rector dijo desconocer cuánto pagó la institución a la empresa contratada y remitió la consulta a la Secretaría de Informática. Por ello, siguen pendientes de precisar públicamente el proveedor, el mecanismo de contratación, el monto y los entregables del servicio.

Tras el ataque, la UASLP creó la Secretaría de Informática y Gobierno Digital y mantiene en proceso la adquisición de equipos para renovar infraestructura tecnológica que ya había sido identificada como antigua. La recuperación de servidores no equivale por sí sola a una auditoría independiente de seguridad ni permite afirmar que no existan riesgos residuales.

El episodio coloca en la agenda universitaria la rendición de cuentas sobre los recursos destinados a enfrentar el incidente, así como la protección de datos personales y la continuidad de los servicios académicos. Hasta ahora, la información disponible proviene de las declaraciones del rector; no se contó con el contrato ni con un informe técnico completo.

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