Hubo un momento, en el pleno del Congreso del Estado, en que la política y la vida real se intersectaron de manera brutalmente humana. No fue un discurso protocolario ni una foto para la galería. Fue la presencia de mujeres que han caminado entre tierra, huesos y ausencia, quienes por años han respondido a la pregunta más dolorosa que puede plantear una madre: ¿dónde está mi hijo?.
Hoy, el Congreso de San Luis Potosí aprobó la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, un avance legal largamente exigido por colectivos de familias buscadoras ante la inacción y el abandono institucional. Entre ellas estuvo Voz y Dignidad por los Nuestros, encabezado por Edith Pérez Rodríguez, con la presencia silenciosa y potente de madres que han convertido su dolor en motor incansable.
Ellas no son estadísticas ni escenas mediáticas. Son mujeres cuyo calendario no marca años, sino días sin saber si volverán a ver a sus hijos. Desde 2018, este colectivo ha localizado más de 1200 fosas clandestinas, descubriendo restos humanos y fragmentos de vidas que nadie había buscado con tanto rigor, coraje y esperanza.
Hablar de desaparición forzada en San Luis Potosí es hablar de ausencia. De hogares vacíos. De fotografías de jóvenes que se fueron una mañana y jamás regresaron. Los rostros de más de 300 desaparecidos han sido desplegados en marchas frente al Palacio de Gobierno, cada fotografía un reclamo, cada nombre una memoria que nadie quiere olvidar.
Para estas mujeres no ha habido tregua. Han vivido acoso armado en sus propias búsquedas, han sido amedrentadas mientras siguen huellas y pistas, y han denunciado que muchas veces las autoridades de investigación han sido más un obstáculo que un aliado.
Pero incluso en el dolor, han aprendido a construir fuerza. Lo llaman amor organizado. Ese concepto que parece una contradicción, pero que ellas explican con hechos: amor con método, disciplina, compañerismo y voluntad férrea para seguir buscándolos “hasta encontrarles”.
No han sido días, no han sido meses, han sido décadas de incertidumbre y desgaste emocional, con cada hallazgo —por pequeño que sea— convirtiéndose en una mezcla de alivio, horror y renovada determinación. Han caminado kilómetros bajo el sol y la lluvia, han hablado con peritos, abogados, autoridades y con otras familias que comparten el mismo dolor. Cada paso ha sido un acto de valentía frente a la indiferencia institucional.
Por eso este momento en el Congreso no fue un trámite: fue el clímax de una lucha sostenida con coraje y dignidad. Cuando las madres escucharon la aprobación, no celebraron con euforia: su júbilo fue silencioso, contenido, profundo. Porque saben que la creación de la Fiscalía Especializada no resuelve todo, pero sí abre una ruta institucional para que la búsqueda deje de estar sola en manos de las familias, y el Estado asuma la responsabilidad que por años les negó.
Entre ellas sigue el reclamo, no solo de justicia, sino de acompañamiento real, de inclusión en las decisiones que afectan las investigaciones y de capacidad técnica y humana en la nueva fiscalía. No quieren sólo una oficina más: quieren respuestas, verdad y dignidad.
Hoy, la lucha que iniciaron con dolor y rabia tiene un nombre en el marco jurídico de San Luis Potosí: una fiscalía especializada. Pero para ellas, la lucha continúa, porque el amor no se detiene hasta encontrarles.
