El bloqueo de la glorieta Francisco González Bocanegra por trabajadores sindicalizados del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ignacio Morones Prieto” podría tener consecuencias legales si persiste la obstrucción al libre tránsito, advirtió J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí.
El funcionario sostuvo que impedir la circulación constituye un delito, por lo que llamó a los manifestantes a liberar la vialidad. Aunque lanzó la advertencia, afirmó que la administración estatal mantiene la disposición de dialogar para resolver el conflicto y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.
Torres Sánchez reconoció que la protesta ha complicado la movilidad en uno de los puntos viales de la capital potosina, aunque señaló que los automovilistas cuentan con rutas alternas para llegar a sus destinos.
Respecto a las demandas de los trabajadores, aclaró que el hospital pasó a la administración federal del IMSS-Bienestar, por lo que la responsabilidad financiera, administrativa y jurídica del centro médico no corresponde directamente al Gobierno estatal.
Pese a ello, aseguró que el estado interviene en busca de una solución que permita restablecer la circulación y mantener la operación del hospital. Consideró que liberar la glorieta sería un paso necesario para recuperar la tranquilidad en la zona y evitar que continúen las afectaciones viales.
