El Ayuntamiento de San Luis Potosí ha registrado más de 80 socavones durante 2026 y mantiene más de 50 puntos en proceso de atención, reconoció el alcalde Enrique Galindo Ceballos. La cifra coloca los hundimientos del pavimento entre los problemas urbanos que demandan recursos extraordinarios, pero el gobierno municipal no precisó el gasto acumulado ni una fecha para concluir las reparaciones.
Según lo informado por el presidente municipal, intervenir cada punto puede costar entre 300 mil y 700 mil pesos. El trabajo no consiste únicamente en tapar el agujero: en distintos casos se requiere retirar pavimento, sustituir tubería de drenaje, rehabilitar la zona dañada y volver a construir la superficie de rodamiento.
Galindo sostuvo que la aparición de hundimientos ha sido inusualmente alta este año respecto de los cinco anteriores de su administración. Se trata de una apreciación del alcalde; para corroborar la comparación haría falta conocer los registros históricos completos, su ubicación y los criterios con que cada incidente se contabilizó.
El edil informó que recientemente comenzaron reparaciones en ocho o nueve sitios, mientras continúan otros trabajos. También señaló que los socavones con salida de aguas negras reciben prioridad debido a los riesgos sanitarios, además de los problemas que pueden generar para peatones, automovilistas y la circulación.
El rango de costos ofrecido por el Ayuntamiento permite dimensionar la complejidad de las intervenciones, pero no autoriza a calcular un presupuesto total multiplicando el número de hundimientos por una cifra promedio: cada punto puede requerir obras diferentes. Tampoco está claro cuántos de los más de 50 reportes están en reparación física y cuántos permanecen en evaluación.
El seguimiento ciudadano requiere una relación pública de ubicaciones, niveles de riesgo, contratos, montos ejercidos y fechas de entrega. Sin esos datos, no es posible saber qué parte de la infraestructura sanitaria ya fue sustituida ni cuánto falta para resolver los hundimientos reconocidos por el propio gobierno capitalino.
