Durante años, Morena construyó buena parte de su discurso político alrededor de una promesa: terminar con la corrupción. La presentó como una de las grandes diferencias frente a los gobiernos anteriores, convirtió el combate a la deshonestidad en una de sus principales banderas y sostuvo que, con la llegada de la llamada Cuarta Transformación, las cosas serían distintas. Sin embargo, gobernar implica algo más que repetir principios desde un templete. Implica demostrar que se cumplen, especialmente cuando las sospechas alcanzan a quienes forman parte del propio entorno político.
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no es un episodio menor. Ocurre en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y relaciones entre funcionarios y proveedores del organismo. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. No existe todavía una resolución que permita afirmar que todas las conductas denunciadas constituyen delitos o que determinadas personas sean penalmente responsables. Pero hay algo que sí resulta innegable: la autoridad encargada de organizar las elecciones del país atraviesa una crisis de credibilidad que exige explicaciones y resultados.
Y el asunto adquiere mayor relevancia cuando se observan los detalles que han salido a la luz. Investigaciones periodísticas han documentado contratos millonarios otorgados a empresas proveedoras de materiales electorales, posibles vínculos entre compañías que habrían simulado competencia y relaciones personales y profesionales que deben ser aclaradas. Entre los contratos cuestionados se encuentran adjudicaciones directas por alrededor de 197.6 millones de pesos a dos empresas para suministrar materiales de la elección judicial de 2025.
No se trata de cantidades menores ni de simples diferencias administrativas: hablamos de recursos públicos y de una institución cuya legitimidad depende, precisamente, de la confianza que genera.
¿Cómo puede exigirse confianza en las elecciones si la institución responsable de organizarlas no consigue despejar las dudas sobre el manejo de sus propios recursos?
Hay que recordar algo importante: el INE es un órgano constitucional autónomo, no una dependencia del Gobierno federal. Guadalupe Taddei tampoco fue nombrada directamente por Andrés Manuel López Obrador. Su designación ocurrió en abril de 2023, mediante un procedimiento de insaculación en la Cámara de Diputados, después de que no se alcanzó un acuerdo político para elegir a quienes integrarían el Consejo General. Pero esa precisión no elimina la discusión política sobre los perfiles, las afinidades, los antecedentes y la responsabilidad de quienes llegan a encabezar instituciones fundamentales para la democracia. La autonomía no significa inmunidad y la independencia no puede utilizarse como escudo frente a la rendición de cuentas.
Aquí aparece una contradicción que merece ponerse sobre la mesa. Andrés Manuel López Obrador llegó a afirmar que para su gobierno era preferible contar con servidores públicos con 90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de experiencia. La frase fue pronunciada en 2019, al hablar de los nombramientos en su administración. La honestidad, según aquel discurso, debía estar por encima de cualquier otra consideración. Entonces, ¿qué ocurre cuando los gobiernos y los movimientos que hicieron de esa exigencia su principal bandera enfrentan señalamientos de posibles irregularidades? ¿La exigencia de honestidad sigue siendo la misma o solamente era una herramienta para cuestionar a los adversarios?
Porque la corrupción no cambia de nombre dependiendo del partido al que pertenezca quien está bajo sospecha. No deja de ser grave cuando aparece en una administración cercana al poder ni se vuelve menos importante cuando los señalados son funcionarios que llegaron con un discurso de transformación. Si algo tendría que distinguir a un proyecto político que prometió hacer las cosas de manera diferente es su disposición a investigar, transparentar y sancionar, sin importar nombres, amistades o filiaciones.
Durante años, Morena ha recurrido a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón para explicar los problemas del país y justificar buena parte de sus críticas. Se pueden discutir sus decisiones, señalar sus errores y exigirles responsabilidades por sus propios gobiernos. Pero esa revisión histórica no puede convertirse en una autorización para evadir las obligaciones del presente. La ciudadanía no entregó el poder para que una fuerza política pasara años explicando quién tuvo la culpa antes, sino para que resolviera los problemas que prometió atender.
Y el tiempo también importa. Morena llegó al Gobierno federal en 2018. Está por cumplir ocho años en el poder y ya no puede comportarse como si siguiera siendo una oposición que observa los errores de otros desde fuera. Hoy tiene responsabilidades, instituciones bajo su conducción política y la obligación de responder por los resultados de su proyecto. La honestidad no se acredita señalando los expedientes de los adversarios; se demuestra abriendo los propios y permitiendo que las investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar.
Desde Acción Nacional, la exigencia debe ser clara. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, ha fijado una postura que va más allá de solicitar la salida de Taddei: el 27 de octubre anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República por seis posibles delitos relacionados con las presuntas irregularidades en contrataciones del INE.
También exigió que se investiguen los contratos, los nombramientos y los posibles conflictos de interés, y advirtió que la renuncia de la expresidenta no puede significar impunidad. Esa es la diferencia entre conformarse con una salida política y exigir que se conozca la verdad.
Pero hay algo todavía más delicado: el INE no es cualquier oficina pública. Es el árbitro electoral. Su tarea consiste en garantizar condiciones de competencia, organizar elecciones y dar certeza a millones de ciudadanos sobre el resultado de su voto. Su credibilidad no depende únicamente de sus procedimientos técnicos, sino también de la confianza que genera su conducción.
Actualmente, el Instituto cuenta con una presidencia interina y, cuando llegue el momento de elegir a quien encabezará nuevamente el organismo, ese proceso deberá ser transparente, independiente y ajeno a cualquier intento de subordinación partidista. La próxima persona titular tendrá la responsabilidad de recuperar la confianza institucional y garantizar que el INE responda exclusivamente a la Constitución y a la ciudadanía.
La salida de una persona no resuelve por sí sola una crisis institucional. Si hubo contratos irregulares, deben investigarse. Si existieron conflictos de interés, deben acreditarse y sancionarse. Si hubo funcionarios que utilizaron sus cargos para favorecer a particulares, deben responder ante la ley. Y si los mecanismos internos de vigilancia no detectaron oportunamente las anomalías, también es necesario revisar qué falló y cómo se van a corregir esos controles. La renuncia no puede convertirse en el punto final de una historia que necesita llegar hasta sus últimas consecuencias, esclarecer los hechos y determinar todas las responsabilidades que correspondan.
La Cuarta Transformación hizo de la honestidad una promesa política. Ahora tiene que demostrar que esa promesa no era solamente un discurso para llegar al poder. Porque gobernar no consiste en proclamarse diferente, sino en actuar diferente cuando aparecen los problemas, cuando las investigaciones incomodan y cuando la responsabilidad alcanza a los propios.
México no necesita gobiernos que se declaren honestos; necesita instituciones capaces de demostrarlo. No necesita discursos que repartan culpas entre administraciones pasadas; necesita autoridades que respondan por las decisiones del presente. Y tampoco necesita que la corrupción se utilice como arma política contra unos y se minimice cuando alcanza a otros.
La honestidad no puede ser una bandera que se levanta en campaña y se guarda cuando llegan las investigaciones. No puede depender del partido, del cargo ni de la cercanía con quien gobierna.
Porque la verdadera prueba de un gobierno no está en lo que dice de sus adversarios, sino en lo que está dispuesto a hacer cuando los señalamientos alcanzan a los suyos.
Pongamos soluciones, no barreras.
Mauricio Waldo
Secretario Técnico
CDE PAN San Luis Potosí
