Hay algo profundamente equivocado cuando un político parece estar dispuesto a ocupar cualquier cargo, siempre y cuando no se quede fuera del poder. Cuando la presidencia municipal, una diputación federal y una diputación local aparecen como opciones intercambiables, vale la pena preguntarse si estamos frente a un proyecto de servicio público o frente a una carrera personal por encontrar acomodo en la siguiente boleta.
La discusión no es si un político tiene derecho a aspirar. Por supuesto que lo tiene. La ambición política, entendida como voluntad de participar, competir y asumir responsabilidades, no es algo negativo. El problema comienza cuando esa aspiración carece de una dirección reconocible; cuando parece importar menos la responsabilidad que se pretende asumir que la posibilidad de conseguir cualquier posición. Porque una cosa es tener la convicción de llegar a un cargo para defender una causa y otra muy distinta es buscar una causa que justifique llegar al cargo.
Esta semana, en San Luis Potosí, un diputado local de Morena hizo pública su participación en el proceso interno de su partido para la coordinación municipal de la capital, confirmó su registro para la coordinación del Sexto Distrito Federal y anunció que también buscaría participar por una coordinación distrital local. Son vías que podrían conducir a responsabilidades muy distintas. El hecho, por sí mismo, no demuestra cuáles son sus motivaciones personales; pero sí abre una discusión legítima sobre la congruencia, la representación política y el sentido de las aspiraciones públicas.
¿En qué momento la política dejó de ser, para algunos, una definición de causas y empezó a parecer un ejercicio de encontrar dónde acomodarse?
Una presidencia municipal no exige exactamente lo mismo que una diputación federal. Gobernar una ciudad implica administrar servicios, ordenar el crecimiento urbano, resolver problemas de movilidad, atender el agua y responder por la operación cotidiana del gobierno. Una diputación federal, en cambio, tiene entre sus responsabilidades legislar, discutir el presupuesto federal, ejercer controles sobre el poder público y representar los intereses de un distrito ante la Federación. Una diputación local tiene su propio ámbito de competencia y responsabilidades frente al estado. No son puestos equivalentes ni herramientas que puedan cambiarse como fichas sin modificar el tipo de responsabilidad que se asume.
Por eso, cuando alguien parece dispuesto a competir por todo, la pregunta no debería limitarse a cuántas posiciones busca. Habría que preguntar qué problema quiere resolver, qué agenda pretende impulsar y por qué considera que esas responsabilidades diferentes son las vías adecuadas para hacerlo. Si las respuestas son claras, concretas y consistentes, existe materia para discutir un proyecto. Si lo único que permanece constante es el deseo de conseguir un cargo, entonces el problema es mucho más profundo que una inscripción partidista.
La política necesita aspiraciones, pero también necesita dirección. Necesita personas que sepan qué defienden, cuáles son sus principios y qué injusticias quieren combatir. Un servidor público debe entender que el cargo no es la causa: es la herramienta para trabajar por ella. Sin esa convicción, el puesto termina convirtiéndose en un objetivo personal y la representación ciudadana corre el riesgo de reducirse a un trámite para mantener vigente una carrera política.
¿Cómo se pueden ofrecer soluciones cuando no se tiene claridad sobre qué se quiere transformar ni desde qué responsabilidad se puede hacer mejor?
Acción Nacional tiene en su propia historia referentes que ayudan a entender esta diferencia. Manuel Gómez Morín impulsó la construcción de una institución política con doctrina y principios; Efraín González Luna defendió una concepción de la política vinculada con la representación y el bien común; Luis H. Álvarez protagonizó una lucha por la democracia y el respeto al voto; y Manuel J. Clouthier, Maquío, encabezó una candidatura presidencial que se convirtió en un referente de movilización democrática y oposición al autoritarismo. Sus trayectorias fueron distintas, pero permiten recuperar una idea fundamental: la política puede ser una lucha por principios que trascienden la obtención inmediata de un puesto.
Idealizar el pasado tampoco serviría de nada. Ningún partido tiene el monopolio de las convicciones, y Acción Nacional no puede vivir únicamente de recordar a sus figuras históricas. Su responsabilidad es demostrar que esos principios siguen teniendo consecuencias en el presente: en la selección de sus perfiles, en la preparación de sus cuadros, en la congruencia de sus decisiones y en la capacidad de poner el bien común por encima de la conveniencia personal. La historia da identidad; lo que se hace hoy determina si esa identidad todavía significa algo.
Aquí hay una diferencia que vale la pena recuperar: no es lo mismo preguntarse qué cargo quiero ocupar que preguntarse qué causa necesito defender y desde dónde puedo servir mejor. La primera pregunta coloca al político en el centro. La segunda coloca en el centro el problema que afecta a las personas. Y ese cambio de perspectiva modifica por completo el sentido del servicio público.
Quien quiere combatir la desigualdad necesita entender qué decisiones legislativas, presupuestales o de gobierno pueden reducirla. Quien quiere resolver los problemas de agua necesita saber qué facultades tiene cada nivel de gobierno y cómo construir soluciones viables. Quien quiere mejorar la seguridad debe conocer las responsabilidades institucionales y los mecanismos para exigir resultados. La vocación política no se acredita acumulando aspiraciones, sino demostrando preparación, claridad y compromiso con aquello que se dice representar.
Y aquí también hay una responsabilidad para los partidos políticos. No pueden conformarse con preguntar quién tiene posibilidades de ganar una encuesta, quién aparece mejor posicionado o quién puede mantener una posición de poder. Esos factores pueden formar parte de una competencia electoral, pero no deberían sustituir la evaluación de la trayectoria, la preparación, la congruencia y la capacidad real de ejercer el cargo. Cuando los partidos premian exclusivamente la posibilidad de ganar, corren el riesgo de olvidar para qué quieren ganar.
La ciudadanía no necesita políticos que estén dispuestos a ocupar cualquier silla. Necesita representantes que sepan qué van a hacer con ella. Necesita personas que entiendan que una diputación no es un premio, una alcaldía no es una recompensa y un cargo público no es una garantía de permanencia política. Son responsabilidades temporales que se justifican por los resultados y por la capacidad de responder a quienes depositan en ellas una expectativa de representación.
Por eso, la discusión no es contra las aspiraciones ni contra la competencia interna. Es contra la idea de que cualquier posición sirve con tal de no abandonar el escenario político. Porque cuando el poder se convierte en el objetivo, las causas se vuelven negociables; y cuando las causas se vuelven negociables, la ciudadanía termina preguntándose si sus representantes están defendiendo sus intereses o simplemente administrando los propios.
Soluciones, no barreras. Esa convicción exige mucho más que una frase. Exige saber qué barreras se quieren derribar, a quiénes afectan y qué responsabilidades deben asumirse para conseguirlo. No se puede construir una propuesta seria si no existe claridad sobre el rumbo; tampoco se puede representar una causa si esa causa cambia cada vez que aparece una oportunidad distinta.
La política no debería ser un tin marín de do pingüé para descubrir en qué cargo se puede terminar. Debería ser una decisión consciente sobre dónde se puede servir mejor, qué principios no se están dispuestos a negociar y qué problemas merecen una lucha de largo plazo.
Porque los cargos pasan, las posiciones cambian y las oportunidades se terminan. Las convicciones, en cambio, son las que permiten saber por qué se entró a la política y qué sentido tiene permanecer en ella.
La pregunta no es cuántos cargos puede buscar un político. La pregunta es si tiene una causa tan clara que sepa desde dónde defenderla.
Pongamos soluciones, no barreras.
Mauricio Waldo
Secretario Técnico
CDE PAN San Luis Potosí
