San Luis Potosí, S.L.P., 17 de octubre de 2026.— El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que el próximo 23 de octubre acudirá a Palacio Nacional para abordar la situación hospitalaria de San Luis Potosí con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un contexto de movilizaciones del personal de salud por condiciones laborales y de operación. También anticipó una posible visita presidencial a la entidad, aunque todavía no existe fecha confirmada.
El mandatario señaló que a la reunión federal asistirían más de 20 gobernadores para revisar problemas del sector médico en sus entidades. No precisó qué hospitales potosinos formarán parte de la agenda ni presentó un listado de compromisos presupuestales o de infraestructura que buscará gestionar.
El anuncio ocurre después de las protestas de trabajadores del Hospital del Niño y la Mujer y del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez. Estas inconformidades se suman a las manifestaciones recientes del Hospital Central, donde el personal ha reclamado atención a necesidades de plantilla, insumos y condiciones de trabajo.
Gallardo sostuvo que hubo diálogo con trabajadores y autoridades federales y que se alcanzaron acuerdos con intervención del Gobierno estatal. Sin embargo, no hizo públicos los términos de esos compromisos ni un calendario verificable para atender las demandas. Afirmó que el estado dará seguimiento a su cumplimiento por parte de la Federación.
En relación con una posible gira de Sheinbaum, el gobernador estimó un plazo de 15 días a tres semanas para revisar instalaciones hospitalarias en San Luis Potosí. La declaración no constituye confirmación de una visita oficial: por ahora, el único encuentro señalado con día específico es el del 23 de octubre en la Ciudad de México.
La distinción importa porque los reclamos del personal médico se refieren a problemas inmediatos en la atención y la operación de las unidades, mientras que una visita de supervisión no garantiza por sí misma recursos, contrataciones ni suministro de materiales.
El seguimiento de la reunión deberá centrarse en las necesidades concretas que presente el estado, las responsabilidades de las autoridades federales y estatales y los plazos de solución. Hasta entonces, la respuesta institucional sigue pendiente de resultados públicos medibles.
