Durante una campaña electoral, la calle se convierte en el lugar donde realmente se conoce a la gente. Ahí están sus problemas, sus preocupaciones, sus historias y también sus esperanzas. Se recorren colonias, barrios y comunidades; se toca una puerta y se escucha a una familia. Esa cercanía permite entender qué significa hacer política. El problema es que, para algunos, esa cercanía termina el día de la elección.
¿En qué momento dejamos de necesitar a la gente?
Después viene el cargo y, con él, una transformación que debería preocuparnos: el político que antes caminaba las calles comienza a vivir entre oficinas, reuniones, informes y asesores. La gente que durante meses fue escuchada empieza a convertirse en un expediente, una gestión o un número. El ciudadano deja de ser una persona con nombre, historia y problema propio para convertirse en un asunto más dentro de una agenda. La cercanía que antes parecía indispensable comienza a verse como algo secundario.
No se trata de abandonar la oficina. La organización, la planeación y el trabajo institucional también son necesarios. Lo que no puede aceptarse es que el escritorio termine convirtiéndose en una barrera entre quien tiene una responsabilidad política o pública y la realidad que pretende representar. No se puede hacer política sobre una realidad que ya no se conoce. Y para conocerla no basta con leer reportes: hay que caminarla.
Un político de calle no es quien convierte cada recorrido en una fotografía para las redes sociales. Es quien mantiene el contacto incluso cuando no hay una elección en puerta, conoce su territorio y escucha distintas voces. La política no comienza ni termina con una boleta electoral; debería ser una actividad permanente de contacto con la sociedad.
¿Y qué pasa cuando esa distancia termina convirtiéndose en desconfianza?
Los datos más recientes ayudan a entender el tamaño del problema. La Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública 2025 del INEGI señala que solo 47.7% de las personas de 18 años y más manifestó tener una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno estatal, mientras que en el gobierno municipal la cifra fue de 47.0%. En el ámbito legislativo, la confianza fue todavía menor: 41.0% en el Congreso de la Unión y 38.8% en los congresos estatales. No son solamente números: muestran que para una parte importante de la sociedad la confianza en quienes toman decisiones públicas está lejos de estar consolidada.
Durante una campaña se escucha porque existe una razón evidente para conocer a quienes pueden otorgar su confianza. Después de una elección, la responsabilidad debería ser todavía mayor: atender a todos. Al que apoyó, al que no apoyó, al que cuestiona, al que reclama y también al que nunca tuvo contacto con quien ocupa el cargo. El servicio público no puede convertirse en una recompensa para los cercanos ni en una oficina exclusiva para los conocidos.
Por eso resulta preocupante cuando algunos solamente aparecen cuando hay algo que anunciar, inaugurar o conmemorar. Los problemas no tienen calendario electoral. La falta de agua, la inseguridad, la falta de oportunidades o una injusticia siguen ahí cuando desaparecen las cámaras. Si las necesidades son permanentes, la responsabilidad de quienes hacen política y ocupan cargos públicos también tiene que serlo.
La calle tiene algo que ningún informe puede sustituir: pone a prueba lo que se dice desde una oficina. Ahí aparecen los problemas que no siempre llegan a las reuniones, las críticas que no están en los discursos y las consecuencias de decisiones que desde un escritorio parecían correctas. Por eso hacen falta políticos y servidores públicos de calle, no de escritorio; presentes cuando hay campaña, pero también cuando no la hay. 24 horas al día, siete días a la semana. Porque hacer política no puede reducirse a buscar a la gente cuando se necesita su confianza, y servir tampoco puede reducirse a atenderla cuando resulta conveniente.
Pongamos soluciones, no barreras.
Mauricio Waldo
Secretario Técnico
CDE PAN San Luis Potosí
