San Luis Potosí, SLP.– Integrantes del colectivo de madres buscadoras Voz y Dignidad por los Nuestros denunciaron públicamente el presunto incumplimiento del Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, respecto a la creación y puesta en funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, la organización acusó que, pese a haberse formalizado el compromiso y publicado en el Periódico Oficial del Estado, no se habrían entregado los 4 millones 500 mil pesos contemplados para conformar esta instancia, cuya operación consideran indispensable para atender los casos de personas desaparecidas en la entidad.
La inconformidad también se centra en la ausencia de una convocatoria pública para avanzar en la integración de la Fiscalía. De acuerdo con el colectivo, el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes debió concretarse desde septiembre de 2025, por lo que cuestionaron que, más de un año después, continúe sin conocerse públicamente un proceso de designación.
La denuncia estuvo acompañada de fuertes señalamientos contra las autoridades estatales, a quienes las madres buscadoras calificaron de “mentirosos, baquetones, desvergonzados”, expresiones con las que manifestaron su indignación ante lo que consideran una promesa incumplida.
Para las familias que buscan a sus seres queridos, la creación de una Fiscalía Especializada no representa únicamente un trámite administrativo, sino la necesidad de contar con una institución dotada de personal, presupuesto y capacidades suficientes para investigar las desapariciones, dar seguimiento a las denuncias y fortalecer los mecanismos de búsqueda y acceso a la justicia.
El señalamiento del colectivo vuelve a colocar bajo escrutinio el cumplimiento de los compromisos institucionales en materia de desaparición de personas en San Luis Potosí, particularmente la asignación presupuestal, los procedimientos de nombramiento y la puesta en operación efectiva de las áreas encargadas de investigar estos delitos.
La organización exige que las autoridades pasen de los compromisos publicados a acciones concretas y transparentes, mientras permanece pendiente esclarecer el destino de los recursos señalados y el calendario para la conformación de la instancia especializada.
El reclamo tiene como antecedente la aprobación, el 17 de febrero de 2026, de las reformas para crear la Fiscalía Especializada. En aquella sesión, el Congreso del Estado avaló por unanimidad su conformación y se informó de una asignación presupuestal de 4 millones 696 mil 305 pesos para el ejercicio fiscal 2026.
Sin embargo, la existencia de una asignación presupuestal no acredita por sí misma que los recursos hayan sido efectivamente transferidos o ejercidos. Por ello, el nuevo señalamiento de Voz y Dignidad abre interrogantes sobre la disponibilidad del dinero, el avance administrativo y la fecha en que la Fiscalía comenzará a operar plenamente.
Hasta el momento, no se cuenta con una comprobación documental independiente de la falta de entrega de esos recursos ni con una respuesta oficial a este nuevo pronunciamiento.
Para las madres buscadoras, la exigencia sigue siendo la misma: que la Fiscalía Especializada deje de ser un compromiso legal y presupuestal y se convierta en una institución que ofrezca resultados a las familias de personas desaparecidas.
