La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí reconoció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 116 quejas relacionadas con elementos de la Guardia Civil Estatal durante 2026. El dato surgió el 21 de octubre, en una comparecencia legislativa marcada por elogios al secretario Jesús Juárez Hernández y por cuestionamientos que no tuvieron una segunda ronda de réplica.
Juárez Hernández afirmó que alrededor del 80 por ciento de esas quejas fueron consideradas improcedentes y que seis agentes fueron dados de baja por conductas graves. La declaración no equivale a una resolución individual sobre cada expediente: para evaluar la actuación institucional hacen falta el desglose de motivos, el estado procesal de las quejas y los criterios empleados para clasificarlas.
Durante la sesión, el diputado Héctor Serrano Cortés expresó su reconocimiento al funcionario e incluso anunció que propondría una distinción del Congreso. Según la cobertura periodística, el legislador dijo que no formularía preguntas incómodas. El contraste entre ese trato y los señalamientos sobre seguridad pública reavivó la discusión sobre la capacidad de las comparecencias para exigir cuentas al gabinete.
El secretario sostuvo que el promedio de homicidios dolosos cayó 78.6 por ciento entre enero y septiembre frente al mismo periodo de 2025. Otro reporte difundido sobre la misma comparecencia atribuyó a la dependencia una reducción de 79.8 por ciento. La diferencia entre porcentajes hace indispensable publicar series, periodos exactos y fuentes estadísticas para evitar comparaciones engañosas.
Juárez Hernández también admitió que el penal de La Pila presenta sobrepoblación y se refirió a observaciones de la CNDH, que reprobó cuatro de los cinco centros penitenciarios estatales en una revisión de 2025. Informó, además, que continúan las investigaciones sobre la muerte de una mujer durante una visita conyugal y el posterior suicidio de un interno.
En el intercambio legislativo se abordaron los robos carreteros, las desapariciones, la violencia contra las mujeres y el uso de reconocimiento facial e inteligencia artificial. El funcionario dijo que se prepara a la Guardia Civil para asumir nuevas facultades de investigación en 2027, pero no presentó durante esa discusión un balance detallado de controles externos sobre esas herramientas.
La revisión del desempeño policial requiere contrastar las cifras de detenciones con sentencias, las quejas con resoluciones y los indicadores de homicidio con la percepción ciudadana. Sin información desagregada y oportunidades de repregunta, el ejercicio de rendición de cuentas corre el riesgo de limitarse a una exposición de resultados oficiales.
