El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, acusó el 22 de octubre a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar cuentas bancarias del empresario Gerardo Sánchez Zumaya y de sus familiares, y aseguró que esa medida lo llevó a salir de México después de abandonar sus aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí. La acusación no ha sido acreditada mediante documentos públicos en los reportes consultados.
Anaya, también coordinador de los senadores petistas, calificó al empresario como un «perseguido político» y sostuvo que el bloqueo habría ocurrido sin carpeta de investigación ni orden judicial. Se trata de afirmaciones del dirigente partidista: no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la legalidad de la actuación de la UIF.
Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre que se retiraba de la carrera por la gubernatura de 2027 y entonces aludió a motivos personales y familiares. El señalamiento formulado ahora por Anaya incorpora una posible causa distinta, pero no demuestra que el retiro haya obedecido al presunto congelamiento ni que la salida del país tenga una relación causal confirmada con esa medida.
El caso también tiene antecedentes periodísticos sobre contratos de empresas vinculadas al empresario con Petróleos Mexicanos. Esos reportes y las acusaciones políticas actuales deben distinguirse de responsabilidades penales acreditadas; no se ha presentado en la información consultada una sentencia que permita afirmar la comisión de un delito por parte de Sánchez Zumaya.
En el mismo contexto, Anaya reconoció que las conversaciones para una eventual alianza entre el PT y Morena permanecen sin acuerdo y que su partido esperará definiciones internas del movimiento guinda. El diferendo adquiere importancia por la renovación de la gubernatura potosina en 2027 y la negociación de candidaturas.
Queda pendiente que la UIF precise si existe una medida administrativa relacionada con las cuentas señaladas y, en su caso, cuáles son sus fundamentos legales. También falta una explicación documentada sobre el estado de cualquier procedimiento y la postura directa del empresario ante las afirmaciones de su partido.
