Una iniciativa presentada el viernes 23 de octubre ante el Congreso de San Luis Potosí busca eliminar una parte del delito de mensajes intimidatorios, incorporado al Código Penal apenas en mayo de 2026. La propuesta responde a cuestionamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la ambigüedad de una disposición que podría afectar la libertad de expresión.
La diputada María Leticia Vázquez Hernández, promotora de la reforma original y presidenta de la Comisión Primera de Justicia, planteó derogar el inciso b) del artículo 170 TER. Ese apartado contempla mensajes considerados capaces de generar temor colectivo o alteraciones del orden público, formulación cuestionada por su amplitud.
La CNDH promovió el 8 de junio una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El organismo sostuvo que la redacción podría vulnerar los principios de seguridad jurídica y claridad de los tipos penales, al dejar un margen excesivo de interpretación sobre qué expresiones son castigables.
En la exposición de motivos de la nueva iniciativa, la legisladora reconoce que el supuesto “podría resultar inconstitucional por su amplitud descriptiva”. La observación cobra relevancia porque la norma prevé penas de dos a cinco años de prisión y multas de 200 a 500 unidades de medida y actualización.
La propuesta no elimina todo el delito ni despenaliza automáticamente las amenazas. Permanecerían otros supuestos que sancionan mensajes con amenazas expresas de causar daños graves a personas o autoridades, así como conductas orientadas a coaccionar decisiones de una colectividad.
El cambio tampoco está vigente: primero debe discutirse y votarse en el Congreso. Por separado, la acción promovida por la CNDH continúa su cauce judicial y no debe confundirse con una sentencia que ya hubiera invalidado la norma.
El debate obliga a distinguir la persecución de amenazas reales de la sanción de expresiones ambiguas. La comisión legislativa tendrá que explicar cómo evitar aplicaciones arbitrarias de la ley sin dejar sin respuesta las intimidaciones asociadas a grupos delictivos.
