La Suprema Corte de Justicia de la Nación requirió al Congreso de San Luis Potosí acreditar nuevos avances para cumplir una sentencia relacionada con la consulta a personas con discapacidad. La notificación del 22 de octubre fija un plazo de diez días hábiles para informar sobre las gestiones, mientras el Legislativo reconoce que todavía necesita financiamiento para organizar el procedimiento.
El requerimiento aparece en la acción de inconstitucionalidad 67/2023, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Según la revisión publicada por Astrolabio, el Congreso informó a la Corte que aprobó el 26 de agosto un protocolo de consulta y que ha solicitado recursos a la Secretaría de Finanzas.
El diputado Héctor Serrano Cortés, integrante de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la Corte vinculó a Finanzas para buscar los recursos. Sin embargo, el acuerdo citado en la información consultada exige específicamente a la Directiva y a la Jucopo documentar los avances; no debe interpretarse sin revisar el expediente completo como una transferencia presupuestal ya autorizada.
En su proyecto de presupuesto para 2027, el Congreso incluyó 10.5 millones de pesos para consultas: nueve millones destinados a pueblos indígenas y afromexicanos, y 1.5 millones para personas con discapacidad. Serrano mencionó cálculos mayores, de entre 13 y 14 millones para la primera y alrededor de 1.8 millones para la segunda.
El legislador explicó que se trata de procedimientos distintos y que obtener recursos para uno no garantiza realizar el otro. También reconoció que los tiempos dependerán de la disponibilidad de dinero y de las etapas necesarias para una consulta efectiva, no únicamente de una convocatoria.
El antecedente es relevante: consultas anteriores fueron cuestionadas por no cumplir estándares de participación, por lo que repetirlas sin garantías metodológicas podría prolongar el incumplimiento. La consulta no se reduce a levantar opiniones; debe asegurar condiciones de accesibilidad, información y participación de los grupos directamente afectados.
El siguiente punto de vigilancia será la respuesta que el Congreso entregue a la Corte dentro del plazo señalado, con documentos que acrediten acciones concretas. La falta de presupuesto alegada por legisladores no elimina por sí sola la obligación de cumplir las sentencias.
Fuentes consultadas
Astrolabio, 23 de octubre de 2026
SCJN, portal de consulta de expedientes
