La restricción del uso personal de teléfonos celulares en escuelas de educación básica de San Luis Potosí plantea un reto para los planteles: evitar distracciones sin impedir su utilización pedagógica ni el contacto durante emergencias, reconoció el director de Educación municipal, Joel Ramírez Díaz.
La reforma al artículo 60 de la Ley de Educación estatal fue aprobada por el Congreso el 30 de septiembre de 2026 y contempla limitar el uso no pedagógico de dispositivos durante la jornada escolar en instituciones públicas y particulares.
Ramírez Díaz señaló, según declaraciones difundidas por Astrolabio el 3 de noviembre, que los dispositivos también pueden servir para actividades de aprendizaje, pedir ayuda o documentar situaciones de violencia. Por ello, la aplicación de la norma requiere distinguir entre uso recreativo y necesidades justificadas.
Entre madres y padres de familia existen posturas diferentes: algunos consideran que la medida favorecerá la concentración, mientras otros temen perder una vía de comunicación con sus hijos. Esas preocupaciones no sustituyen la obligación de cada escuela de establecer protocolos claros.
Queda por definir cómo se comunicarán las excepciones, quién resolverá incidentes y qué mecanismos de contacto ofrecerán los planteles. Una implementación transparente deberá evitar sanciones arbitrarias y garantizar que la seguridad del alumnado no dependa de interpretaciones improvisadas.
