San Luis Potosí, S.L.P., 14 de octubre de 2026.— La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí clasificó durante cinco años la información sobre la adquisición de cuatro perros robot utilizados en labores de vigilancia. La decisión impide conocer por ahora el costo de los equipos, sus proveedores y los contratos de compra, pese a tratarse de recursos públicos.
La reserva fue aprobada el 9 de octubre por el Comité de Transparencia de la dependencia, según documentos obtenidos y publicados por Astrolabio. El expediente incluye el acta ACTA-067/SSPC/UT/2026 y oficios de las áreas administrativa y de transparencia, emitidos en respuesta a solicitudes ciudadanas de información.
El argumento expuesto por la autoridad es que revelar datos sobre los dispositivos podría permitir a grupos delictivos identificar vulnerabilidades y modificar sus estrategias. Sin embargo, la clasificación no se limita a características operativas: también abarca facturas, montos pagados, procedimientos de contratación y nombres de empresas proveedoras.
El secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, reconoció públicamente que desconocía las razones concretas de la reserva, de acuerdo con un reporte publicado el martes por el periódico Momento. Su declaración añade interrogantes sobre la supervisión de una decisión administrativa que afecta el acceso a información presupuestal de su propia dependencia.
Los dispositivos fueron presentados por el gobierno estatal como herramientas para reconocimiento, recorridos preventivos y vigilancia en espacios concurridos. En agosto, la SSPC difundió que los había utilizado durante la Feria Nacional Potosina y en otros operativos de la zona metropolitana.
La protección de información táctica puede ser relevante para la seguridad, pero no equivale automáticamente a justificar el ocultamiento integral de los gastos. Corresponde a la autoridad explicar la prueba de daño que sustenta la reserva y por qué no sería posible entregar una versión pública de los documentos con datos estrictamente sensibles testados.
El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, dijo que revisaría el asunto con otras instancias y mencionó al Instituto de Fiscalización Superior del Estado como autoridad competente para examinar adquisiciones. Hasta el reporte del martes no había anunciado una auditoría específica sobre esta compra.
