Terna para Fiscalía Anticorrupción avanza con dos perfiles vinculados a Seduvop y uno de Soledad

Sala del Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí, imagen de archivo de 2015

La Comisión Primera de Justicia del Congreso de San Luis Potosí aprobó por unanimidad, el lunes 26 de octubre, el dictamen con los tres aspirantes propuestos por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para encabezar la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. La decisión final corresponde al Pleno y todavía no se ha producido una designación.

Los candidatos son Jesús Iván Meza Galeana, Javier Ortiz Patiño y Benjamín Pérez Álvarez. Este último se desempeña como secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mientras que los otros dos tienen antecedentes laborales en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), de acuerdo con los currículos incorporados al procedimiento legislativo.

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Meza Galeana ha ocupado funciones vinculadas con transparencia y expedientes de obra pública; Ortiz Patiño trabajó en el área jurídica y de derechos humanos de Seduvop. Pérez Álvarez, además de distintos cargos municipales, dirigió la Comisión Estatal del Agua entre 2022 y 2024. Estas trayectorias son antecedentes profesionales y no constituyen, por sí mismas, prueba de falta de independencia o de irregularidad alguna.

La vacante se originó con la renuncia de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, efectiva desde el 31 de marzo de 2026. Quien resulte elegido no iniciará un periodo completo de siete años, sino que concluirá el encargo previsto hasta el 5 de mayo de 2028.

Para aprobar el nombramiento se necesita el respaldo de al menos dos terceras partes de los diputados presentes. La votación será una prueba de los acuerdos políticos en torno a una institución encargada de investigar delitos de corrupción cometidos en el servicio público.

El proceso también plantea una exigencia de transparencia: antes de votar, el Congreso debería permitir conocer y comparar los méritos, posibles conflictos de interés y propuestas de trabajo de los aspirantes. Hasta la aprobación del dictamen no se había anunciado quién obtendría la mayoría necesaria.

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