Datos recientes sobre flujos migratorios y políticas de protección señalan que las personas que buscan asilo en México enfrentan cada vez mayores obstáculos, agravados por recortes en la asistencia internacional, lo que impacta servicios clave de recepción y atención, según reportes de organizaciones de derechos humanos.
Organizaciones civiles han documentado que cortes en fondos de asistencia extranjera han reducido la capacidad operativa de la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), generando un rezago en más de 70 000 solicitudes de asilo, con consecuencias directas en el acceso efectivo a protección internacional para migrantes y solicitantes de refugio.
Asimismo, en el sur de México —especialmente en Chiapas— se han identificado grandes asentamientos de personas migrantes provenientes de Haití, Cuba, Venezuela, Guatemala y El Salvador que buscan iniciar procesos de protección, lo que pone presión sobre las autoridades locales y la infraestructura de atención humanitaria.
Este fenómeno se registra en un momento en que las políticas migratorias internacionales, particularmente de Estados Unidos, han cambiado, obligando a los gobiernos y organizaciones mexicanas a ajustarse a nuevos escenarios de gestión de flujos y derechos de migrantes.
La situación ha sido objeto de discusión entre especialistas en derechos humanos, que llaman a fortalecer mecanismos internos de atención y coordinación con organismos internacionales para garantizar acceso justo y digno al asilo y protección internacional.
