La organización internacional Artículo 19 rechazó la reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí aprobada por el Congreso local para castigar conductas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, al advertir que la redacción carece de precisión técnica y puede abrir la puerta a la criminalización de actividades legítimas, incluyendo periodismo, crítica política y creación artística.
En un comunicado, Artículo 19 señaló que las modificaciones al artículo 187 Ter y los artículos 272 Ter y 272 Bis contienen definiciones amplias y ambiguas, especialmente en conceptos como “alarma pública” y “paz social”, lo que permitiría interpretaciones arbitrarias al no establecer de manera clara, previa y estricta qué conductas constituyen realmente un delito. La organización también subrayó que el texto no incorpora criterios que permitan identificar cuándo una expresión fue emitida con “dolo”, dejando un amplio margen para el uso discrecional de la ley.
La agrupación enfatizó que la ambigüedad de la reforma podría derivar en censura de contenidos incómodos, críticas al poder o manifestaciones culturales que utilicen herramientas digitales. Aunque el decreto incluye excepciones para actividades periodísticas, artísticas o de crítica política, Artículo 19 advierte que estas salvaguardas son insuficientes cuando el propio marco legal mantiene definiciones imprecisas. “En consecuencia, se abre la puerta a la criminalización de actividades legítimas y cotidianas en una sociedad digital”, señaló.
Artículo 19 sostuvo que la reforma potosina refuerza una tendencia creciente en México a crear nuevos tipos penales con fines más mediáticos que técnicos, especialmente en temas relacionados con libertad de expresión. Recordó que, solo entre enero y julio de 2025, documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas en el país —uno cada cuatro días en promedio— de los cuales 14 fueron por la vía penal. Señaló que la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones directas, sino que se traslada a los tribunales mediante denuncias y procedimientos administrativos que aprovechan marcos jurídicos ambiguos.
La organización informó que envió un documento de observaciones técnicas a las y los diputados de la Comisión Primera de Justicia del Congreso potosino el pasado 10 de noviembre; sin embargo, dichas recomendaciones fueron desestimadas. Criticó que la aprobación de la reforma se haya dado sin un análisis sólido en materia de derechos digitales y reiteró la necesidad de garantizar que las leyes protejan los derechos humanos en el entorno digital en lugar de convertirse en instrumentos de restricción o control de la libre expresión.
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