Hablar de la salud pública en México exige dejar atrás dos extremos: decir que todo está mal o repetir que todo está funcionando. Ninguna de las dos cosas refleja la realidad. El sistema atraviesa una transformación profunda desde la desaparición del Seguro Popular, el intento del INSABI y la consolidación de IMSS-Bienestar como eje de atención para la población sin seguridad social. Y si algo resulta evidente en los propios documentos oficiales es que la transformación todavía está lejos de concluir.
Durante 2025 hubo avances que deben reconocerse. El IMSS reportó 14 millones de atenciones médicas adicionales respecto de 2024, un millón 780 mil cirugías, 22 por ciento más consultas de especialidad y 104 millones de consultas de Medicina Familiar. Para 2026, el Instituto fijó como metas 2.1 millones de cirugías, 32.8 millones de consultas de especialidad y 108 millones de consultas de Medicina Familiar.
También hubo avances en medicamentos. En marzo de 2026, el Gobierno federal informó un promedio superior al 97 por ciento de abasto entre IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE. Es un dato que debe reconocerse. Pero la propia autoridad ha señalado que la meta es llegar al 100 por ciento.
Y aquí comienza la parte incómoda.
Porque un 97 por ciento puede sonar extraordinario desde un escritorio. Para un paciente que necesita justamente el medicamento que está dentro del tres por ciento que falta, ese porcentaje vale muy poco. El propio IMSS reportó que en 2024 emitió 214.5 millones de recetas y que 4 millones 681 mil 871 no fueron surtidas al momento, equivalentes al 2.2 por ciento. El Instituto reconoce que el no surtimiento de medicamentos es la tercera causa de queja por servicios y la primera causa de solicitudes de gestión por inconformidad.
Entonces, ¿estamos frente a un sistema que funciona o frente a un sistema que todavía no funciona como debería?
La respuesta está en los dos lados. Hay más consultas, más cirugías, inversión en infraestructura y una recuperación del abasto. Pero el propio sistema reconoce problemas de oportunidad, tiempos de espera, medicamentos y atención a los usuarios. Durante 2025, por ejemplo, el IMSS tuvo que poner en marcha estrategias específicas para aumentar consultas y cirugías y reducir tiempos de espera. Que haya avances es positivo; que todavía sea necesario combatir estos rezagos también dice mucho del tamaño del problema.
El problema, entonces, no tiene una sola causa. México arrastra décadas de fragmentación, desigualdad territorial, falta de personal y diferencias enormes entre instituciones. Pero también hay que decirlo: el Gobierno federal decidió transformar el modelo y concentrar buena parte de la responsabilidad en IMSS-Bienestar. Y cuando un Gobierno decide centralizar la operación, también centraliza la responsabilidad política por sus resultados.
El propio programa institucional de IMSS-Bienestar reconoce que enfrenta dificultades para garantizar acceso oportuno a medicamentos y estudios. Con base en ENSANUT 2023, señala que 15.2 por ciento de la población no recibió todos los medicamentos recetados y que 28.4 por ciento no completó los estudios solicitados. Entre quienes enfrentaron esas barreras, 25.8 por ciento compró medicamentos en farmacias privadas y 33.5 por ciento acudió a laboratorios privados.
¿Y qué significa eso fuera de una hoja de Excel?
Significa que cuando el sistema público no resuelve, alguien termina pagando. En 2024, los hogares mexicanos realizaron un gasto directo en salud de 800 mil 733 millones de pesos; 45.4 por ciento correspondió a medicamentos y otros bienes médicos.
Ahí está una de las contradicciones más serias de la transformación sanitaria: mientras el discurso habla de gratuidad y universalidad, una parte de las familias sigue teniendo que sacar dinero de su bolsillo para completar medicamentos, estudios, consultas o traslados. Para una familia con ingresos suficientes puede representar un gasto incómodo; para quien vive al día puede significar escoger entre atenderse o pagar otra necesidad básica.
Pero tampoco hace falta quedarse en las cifras.
Hay casos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que muestran hasta dónde puede llegar una falla institucional.
En Chihuahua, la CNDH emitió en 2025 una recomendación al IMSS después de determinar deficiencias en la atención proporcionada a un paciente con cáncer en el Hospital General Regional número 1 y en el servicio de Oncología Médica de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria número 33, quien posteriormente falleció. No es una opinión política: es un expediente de un organismo público que determinó vulneraciones y emitió una recomendación a la institución.
En Sonora ocurrió otro caso todavía más difícil de ignorar. La CNDH documentó que a una persona se le negó, por cuestiones administrativas, la atención médica urgente que requería en un hospital del IMSS en Huatabampo. Mientras esperaba ser atendida en urgencias sufrió un infarto y murió. La Comisión emitió la Recomendación 41/2025.
Y en 2026 aparece un caso directamente relacionado con IMSS-Bienestar. La CNDH emitió una recomendación después de acreditar que una persona adolescente no recibió atención médica oportuna en el Hospital IMSS-Bienestar “Dr. Juventino Rodríguez García”, de Atoyac, Guerrero. La Comisión determinó vulneraciones relacionadas con la atención y el trato digno.
Estos casos no permiten afirmar que todos los médicos, enfermeras u hospitales públicos funcionan mal. Sería injusto y sería falso. Tampoco permiten atribuir automáticamente cada complicación o fallecimiento a una falla institucional. Pero sí permiten decir algo mucho más concreto: hay casos en los que las propias instituciones encargadas de vigilar los derechos humanos han determinado que la atención pública falló.
Y aquí es donde la responsabilidad del Gobierno federal tiene que ponerse sobre la mesa.
Porque ya no se trata solamente de anunciar nuevas rutas de distribución, hospitales o mejores porcentajes. Se trata de saber si esos recursos están llegando al paciente. Cuántas recetas no se surten, cuánto espera una persona por una consulta de especialidad, cuántas cirugías se retrasan, cuántos estudios no se realizan y cuántos pacientes terminan pagando en el sector privado aquello que acudieron a buscar al sistema público.
El Gobierno federal tiene derecho a presumir los avances que ha conseguido. Pero también tiene que aceptar que los resultados favorables no borran los problemas que todavía existen. Si se reconoce un 97 por ciento de abasto, también hay que explicar dónde está el tres por ciento restante. Si se anuncian millones de consultas, también hay que medir cuánto tiempo espera cada paciente. Si se inauguran hospitales, también hay que saber si tienen médicos, enfermeras, medicamentos, estudios y capacidad suficiente para operar.
¿Entonces cuál podría ser una solución real?
Aquí es donde la oposición también tiene que asumir su responsabilidad. Señalar lo que no funciona es necesario, pero quedarse solamente en la denuncia sería insuficiente. Si se quiere construir una alternativa, hay que decir qué se haría diferente.
En semanas recientes, el Partido Acción Nacional presentó “111 Soluciones para México”, un documento que plantea propuestas en distintos ámbitos de la vida pública y que coloca a la salud como uno de sus ejes. Entre ellas plantea recuperar cobertura y atención oportuna mediante propuestas como un Seguro Popular 2.0, un Sistema Nacional de Salud Integrado, acceso gratuito a servicios y medicamentos, consultas de primer contacto en un plazo máximo de 72 horas, una red nacional de consultorios en zonas marginadas y un sistema nacional de prevención, detección y atención oncológica.
Frente a los problemas que hoy reconoce el propio sistema público, vale la pena discutir estas propuestas.
Primero: que una receta no vuelva a ser una promesa. Las propuestas plantean garantizar el abasto de medicamentos y transparentar su disponibilidad. Si el Gobierno compra millones de piezas, el ciudadano debería poder saber si el medicamento está disponible en la unidad donde será atendido. La política pública no debería medirse desde el almacén, sino hasta la farmacia donde el paciente recibe su tratamiento.
Segundo: integrar realmente el sistema de salud. Un ciudadano no debería perder continuidad en su atención porque cambió de empleo, vive en otro estado o pertenece a otra institución. Un sistema integrado y un expediente clínico electrónico permitirían reducir parte de esa fragmentación y evitar que el paciente tenga que empezar de cero cada vez que cambia de institución.
Tercero: acercar la atención a donde vive la gente. Las propuestas contemplan una red nacional de consultorios públicos en zonas marginadas y consultas de primer contacto en un máximo de 72 horas. No basta con construir infraestructura si una parte de la población sigue teniendo dificultades para acceder oportunamente a un médico.
Cuarto: recuperar y profesionalizar al personal de salud. Ninguna reforma funciona si faltan médicos, enfermeras y especialistas en las unidades donde se necesitan. Se requiere crear condiciones para que el personal llegue, permanezca y pueda atender adecuadamente a la población, particularmente en las regiones con mayores carencias.
Quinto: cambiar la forma en que se evalúa el sistema. Menos énfasis en cuántos hospitales se inauguraron, cuántas consultas se dieron o cuántos medicamentos se compraron, y más en resultados concretos: cuánto espera un paciente, cuántas recetas recibe completas, cuánto tarda una cirugía, cuántos estudios se realizan y cuánto termina pagando una familia de su propio bolsillo.
Estas propuestas forman parte de las 111 Soluciones para México de Acción Nacional. Pueden discutirse, cuestionarse y perfeccionarse. Pero parten de algo que hoy resulta indispensable: frente a un problema real, presentar una alternativa concreta.
La oposición política puede señalar errores. Pero señalar por señalar sirve de poco. Una oposición responsable tiene que hacer algo más: poner los problemas sobre la mesa, reconocer los avances cuando existan y presentar soluciones cuando considere que el Gobierno no está resolviendo.
Porque el objetivo no debería ser que el Gobierno gane una discusión sobre cifras. Tampoco que la oposición gane una discusión política.
El objetivo debería ser mucho más sencillo: que una persona enferma no tenga que preguntarse si habrá medicamento, si será atendida a tiempo o cuánto tendrá que pagar de su bolsillo para recibir lo que el sistema público no pudo darle.
La salud pública no se mide solamente por cuántos hospitales se construyen ni por cuántas recetas se compran.
Se mide cuando el paciente llega y encuentra atención.
Cuando la receta se surte.
Cuando el estudio se realiza.
Cuando la cirugía llega a tiempo.
Y cuando una familia no tiene que sacar de su bolsillo aquello que esperaba recibir del Estado.
El paciente no vive de porcentajes. Vive de resultados.
Pongamos soluciones, no barreras.
Mauricio Waldo
Secretario Técnico
CDE PAN San Luis Potosí
