Retrasos de meses para obtener acuerdos, dificultades para establecer convivencias y expedientes que no avanzan conforme a los tiempos que requieren niñas y niños fueron parte de las irregularidades denunciadas en el Poder Judicial del Estado por madres y abogadas que cuestionaron el desarrollo de procesos familiares.
Durante la protesta, abogadas señalaron que algunos acuerdos son emitidos uno o hasta dos meses después de ser solicitados, mientras que en asuntos relacionados con menores pueden pasar entre tres y cuatro meses para regularizar una convivencia en SECOFAM o resolver cuestiones de alimentos. Alejandra Rivera, abogada postulante, afirmó que estas demoras han llevado a litigantes a recurrir a juzgados federales para solicitar suspensiones de plano que permitan una respuesta inmediata.
Las denunciantes también señalaron problemas dentro de los propios expedientes. Marlene Múzquiz Flores relató que su proceso pasó de un juzgado a otro después de que una jueza se excusara, lo que, dijo, implicó entre dos y tres semanas de retraso; posteriormente, el expediente regresó al primer juzgado y actualmente, aseguró, presenta inconsistencias y está incompleto. En su caso, afirmó que lleva 86 días sin ver a su hijo y que existen órdenes judiciales que el padre no habría cumplido.
Adriana Luna Martínez expuso otro caso: afirmó que su expediente fue declarado en rebeldía en 2023 por una supuesta falta de comparecencia derivada de un emplazamiento que considera ilegal. En julio de este año, dijo, su hijo fue llevado por su padre y actualmente solo cuenta con una hora de convivencia en SECOFAM. “No es cuestión de mamá o papá, es cuestión de los niños”, sostuvo al pedir que su hijo regrese a casa.
Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, de la asociación Shakti, señaló que estas situaciones forman parte de las irregularidades que enfrentan familias en procesos donde están involucrados niñas, niños y adolescentes. Durante el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia vicaria se planteó la necesidad de mayor personal para los juzgados familiares, así como de especialistas en psicología que acompañen procesos de convivencia y reunificación, y pidió que las resoluciones atiendan de manera efectiva el interés superior de la niñez.
