La Comisión Estatal del Agua (CEA) calcula en alrededor de 200 millones de pesos los adeudos que atribuye a la operadora del acueducto de El Realito por incumplimientos contractuales. El titular de la dependencia, Pascual Martínez Sánchez, precisó que las cantidades están en controversia y que el Gobierno de San Luis Potosí analiza mecanismos para reclamarlas; no se trata, por ahora, de un cobro definitivo acreditado.
De acuerdo con declaraciones difundidas por La Orquesta el 28 de octubre, el funcionario sostuvo que cuando ocurre una falla se aplican descuentos o penalizaciones conforme al contrato. Explicó que la CEA busca hacer valer esos mecanismos y revisar el funcionamiento administrativo del esquema con la empresa Aquos.
El funcionario también señaló que el Gobierno estatal paga aproximadamente seis millones de pesos mensuales por el servicio bajo una de las partidas contractuales, mientras otros pagos dependen del volumen de agua efectivamente suministrado. Esa cifra no debe confundirse con el costo total del sistema ni con las erogaciones que realizan otros organismos.
En paralelo, la CEA trabaja con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en un diagnóstico técnico, financiero y jurídico del acueducto. Entre las opciones que se analizan están la modificación del convenio vigente y otras medidas contractuales; ninguna rescisión o reforma fue presentada como decisión consumada.
El problema se arrastra desde hace años. Según el recuento de Interapas citado en la cobertura local, el acueducto acumuló 76 fallas desde 2021 y 295 días de interrupciones de suministro. Son cifras atribuidas al organismo operador, no una verificación independiente de cada episodio.
El Gobierno estatal había informado en septiembre que Banobras y Conagua revisaban las condiciones de la infraestructura y las consecuencias de una eventual terminación contractual. En octubre se anunció financiamiento para estudios de factibilidad, lo que confirma que la solución definitiva continúa en etapa de evaluación.
Para los usuarios, la discusión no se reduce a recuperar penalizaciones: la prioridad es conocer cómo se garantizará el abastecimiento cuando falle la conducción. Sigue pendiente la publicación de un diagnóstico integral, el estado jurídico de los montos reclamados y un calendario verificable de acciones correctivas.
