El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) reconoció que ha formulado observaciones por contrataciones bajo el esquema de honorarios en distintos poderes y ayuntamientos de San Luis Potosí, incluido el Congreso local. Su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, advirtió sobre posibles pagos sin actividad comprobable, aunque no informó cuántos expedientes están involucrados ni a cuánto ascienden los recursos observados por esta causa.
Las revisiones, explicó el auditor en declaraciones difundidas el 28 de octubre, abarcan contratos de prestación de servicios profesionales que podrían estar siendo utilizados para encubrir relaciones laborales o justificar remuneraciones sin documentación suficiente. La existencia de una observación administrativa no equivale, por sí sola, a que se haya acreditado una responsabilidad individual.
Al ser cuestionado sobre los poderes en los que se detectaron observaciones, el titular del IFSE respondió: «Casi todos», de acuerdo con la entrevista publicada por Astrolabio. También señaló que en determinados casos hubo reintegros de recursos, mientras otros expedientes permanecen en investigación o en proceso de solventación.
El Congreso del Estado figura entre las instituciones revisadas. Sobre señalamientos relativos a familiares de legisladores en nóminas, el auditor indicó que la fiscalización debe solicitar evidencia de las tareas realizadas por las personas contratadas, sin limitar la revisión a quienes tengan parentesco con servidores públicos.
Las indagatorias alcanzan asimismo al Ayuntamiento de la capital. Uno de los antecedentes es el cuestionamiento a los honorarios que percibía Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente panista, por servicios contratados por el municipio. El IFSE indicó que revisa el asunto, pero ello no constituye una resolución sobre la legalidad del contrato ni acredita que el beneficiario no trabajara.
El señalamiento adquiere relevancia porque los contratos por honorarios son financiados con dinero público y deben tener un objeto, entregables y mecanismos de supervisión verificables. Sin el número de expedientes, sus montos y el resultado de las solventaciones, no es posible determinar la dimensión económica de las observaciones ni identificar responsabilidades.
Queda pendiente que el organismo fiscalizador haga públicos, conforme a los procedimientos legales, los entes observados, los recursos involucrados y el resultado de las investigaciones. Hasta entonces, los posibles casos de «aviaduría» deben tratarse como hipótesis bajo revisión y no como delitos demostrados.
