San Luis Potosí, S.L.P., 12 de octubre de 2026.— La Alianza Mexicana contra el Fracking pidió al Gobierno federal convertir en una prohibición legal el compromiso de no permitir fracturación hidráulica en la cuenca Tampico-Misantla, que comprende parte de la Huasteca potosina. La organización advierte que, más de dos meses después del anuncio presidencial, la medida todavía no se ha traducido en una disposición jurídica específica.
El 6 de agosto, un comité científico convocado por el Ejecutivo federal recomendó descartar la explotación de gas no convencional en esa cuenca por su densidad poblacional, la presencia de pueblos indígenas y los riesgos ambientales. La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó públicamente esa recomendación y anunció que se establecería la prohibición.
En un posicionamiento difundido el 8 de octubre, durante una jornada continental de organizaciones ambientalistas, la alianza sostuvo que un anuncio político no equivale a un decreto, una norma o una ley. Por ello solicitó un instrumento obligatorio que dé certeza a las comunidades sobre las actividades que podrán desarrollarse en sus territorios.
El colectivo presentó seis demandas: prohibir la técnica en Tampico-Misantla, impedir el uso de agua dulce para esas operaciones, establecer restricciones de distancia respecto de poblaciones y fuentes de agua, vetar sustancias tóxicas, evitar servidumbres forzosas en tierras ejidales e indígenas y limitar la quema rutinaria de gas.
De acuerdo con la organización, la cuenca abarca 46 municipios donde viven cerca de dos millones de personas y existe una presencia importante de propiedad social de la tierra. Estas cifras forman parte de su argumentación y deben distinguirse de un padrón oficial de comunidades potencialmente afectadas.
El comité científico también recomendó continuar los estudios sobre otras cuencas del norte del país, bajo condiciones relacionadas con la disponibilidad de agua salada y la evaluación de riesgos. Esa recomendación no implica que se hayan autorizado ya proyectos de extracción mediante fracturación hidráulica.
Para la Huasteca potosina, la diferencia entre un compromiso público y una prohibición formal es el punto central del reclamo. La organización pide que las autoridades precisen el mecanismo jurídico, el calendario de aplicación y las garantías de protección para el agua y las comunidades.
Fuentes de consulta: Fundar y Alianza Mexicana contra el Fracking, 8 de octubre; Astrolabio, 10 de octubre; Reuters, 6 de agosto.
