Un grupo de permisionarios del transporte urbano pidió al Congreso de San Luis Potosí asignar 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos del presupuesto estatal de 2027 a un programa que no sólo contempla renovar camiones, sino también financiar déficits de operación, compensar pérdidas de la pandemia y garantizar un margen de utilidad de 15 por ciento para los concesionarios. Se trata de una iniciativa presentada ante el Legislativo, no de una partida aprobada.
La propuesta fue suscrita por Margarito Terán López y otros nueve ciudadanos. Busca crear el Programa para el Fortalecimiento y Apoyo al Usuario del Transporte Público en el Área Metropolitana, cuya ejecución quedaría en manos del Poder Ejecutivo y estaría sujeta, según sus promoventes, a reglas de operación y comprobación del gasto.
El rubro más elevado sería la compra de 768 unidades nuevas, estimadas en tres millones de pesos cada una: 2 mil 304 millones de pesos. Otros 173.4 millones se reservarían para la utilidad de los operadores, 45.9 millones para cubrir un déficit operativo calculado por los proponentes y 274.6 millones para amortizar pérdidas atribuidas al periodo de la pandemia.
Para justificar el déficit, los transportistas estimaron que cada unidad cuesta 4 mil 123.84 pesos diarios y obtiene 3 mil 960.60 pesos en pasajes, considerando 308 pasajeros. La diferencia sería de 163.24 pesos por día. Son cálculos incluidos en la propuesta del sector y todavía requieren revisión técnica y presupuestaria independiente.
Los promoventes sostienen que la medida beneficiaría a 389 mil 638 personas registradas en el sistema de prepago, entre estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros usuarios. No obstante, el número de tarjetas o registros no permite por sí solo medir cuántos viajes adicionales, mejores frecuencias o rutas nuevas recibirían los pasajeros.
El documento plantea que el dinero se distribuya mediante mecanismos de evaluación y transparencia, sin crear una dependencia nueva ni establecer, según sus autores, un subsidio permanente. Corresponderá al Congreso valorar la viabilidad jurídica y financiera de la iniciativa, así como su relación con otras necesidades del gasto público.
Antes de discutir una transferencia de esta magnitud, quedan por aclarar la antigüedad real de la flota, la metodología para calcular las pérdidas, la propiedad de los vehículos que se comprarían con recursos públicos y los compromisos exigibles a los concesionarios. La solicitud abre un debate sobre quién asume el costo de mejorar el transporte y cómo se garantiza que el beneficio llegue a los usuarios.
Fuentes consultadas
El Heraldo de San Luis, 24 de octubre de 2026
Antecedente normativo, Congreso del Estado
