San Luis Potosí, S.L.P., 11 de octubre de 2026.— La contaminación generada por la fabricación artesanal de ladrillo en San Luis Potosí figura entre los problemas ambientales señalados por Marcos Orellana, relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. Su evaluación advierte que las respuestas institucionales han sido insuficientes en zonas donde la exposición a contaminantes se ha normalizado, mientras la nueva regulación estatal para ladrilleras todavía no entra en vigor.
El señalamiento fue retomado este 10 de octubre en reportes de Pulso y San Luis Hoy a partir del trabajo del relator sobre México. Orellana ha advertido sobre la existencia de las llamadas zonas de sacrificio, expresión utilizada para describir territorios donde la actividad productiva y la exposición a sustancias peligrosas imponen costos desproporcionados a sus habitantes.
En el caso de la producción artesanal de ladrillos, el problema se relaciona con el uso de combustibles como aceites, plásticos y otros residuos durante la cocción. Estas prácticas pueden liberar sustancias peligrosas para la salud y el ambiente, con riesgos especialmente relevantes para quienes viven o trabajan cerca de los hornos.
La preocupación no es nueva para San Luis Potosí. Durante años, habitantes y organizaciones han reclamado medidas para controlar las emisiones de las ladrilleras, mientras las autoridades han reconocido que las clausuras y las inspecciones aisladas no han resuelto el problema de fondo.
El Gobierno estatal publicó en enero de 2026 la Norma Técnica Ecológica Estatal NTE-SEGAM-003/2025, que establece condiciones para la ubicación y operación de las unidades productoras de ladrillo. Sin embargo, su entrada en vigor está prevista para el 8 de enero de 2027, por lo que durante el presente año continúa el periodo de preparación para aplicar las nuevas exigencias.
Entre las disposiciones difundidas se encuentran restricciones a la ubicación de los hornos y al uso de combustibles altamente contaminantes. La transición también requiere coordinación con los ayuntamientos, responsables de aspectos como el uso de suelo, y alternativas técnicas y económicas para los productores.
La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Sonia Mendoza Díaz, reconoció recientemente que la quema de basura y llantas afecta la calidad del aire y que no hay actualmente mesas de trabajo con el sector ladrillero. También señaló que atender el problema demandará recursos, además de la difusión de la norma.
El contraste entre la advertencia internacional y la aplicación diferida de las nuevas reglas plantea una pregunta de política pública: cómo proteger de inmediato a las familias expuestas sin trasladar todo el costo de la reconversión a trabajadores que dependen de esta actividad. La autoridad deberá informar cuántas unidades operan, qué apoyos se prevén y cómo se verificará el cumplimiento a partir de enero.
Fuentes consultadas: ONU Derechos Humanos, pronunciamiento del relator, marzo de 2026; Pulso, 10 de octubre de 2026; Astrolabio, alcance y vigencia de la norma; La Orquesta, postura reciente de Segam.
