La situación financiera de San Luis Potosí enfrenta una de sus aristas más reveladoras y alarmantes: el crecimiento exponencial de su deuda pública. En su reciente columna, el periodista Jaime Hernández expuso cifras que pintan un panorama crítico, evidenciando una gestión que ha incrementado significativamente los compromisos financieros del estado.
En 2021, al inicio de la actual administración, el gobierno de Ricardo Gallardo heredó una deuda total de 5 mil 063 millones de pesos, dividida en 1,500 millones a corto plazo y 3,563 millones a largo plazo. Sin embargo, para septiembre de 2024, este monto casi se triplicó, alcanzando 13 mil 093 millones de pesos, de los cuales 9,875 millones corresponden a deuda a corto plazo y 3,218 millones a largo plazo.
A esta cifra ya preocupante se le podría sumar un incremento adicional. En octubre, la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, anunció la posible necesidad de recurrir a préstamos quirografarios para afrontar los compromisos del cierre de año. Aunque no se han revelado detalles oficiales, es probable que durante noviembre y diciembre se hayan adquirido nuevos financiamientos, elevando la deuda de corto plazo a 14 o 15 mil millones de pesos.
Este nivel de endeudamiento plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del estado y la capacidad de cumplir con las obligaciones futuras. Además, resalta la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente en un contexto de crecientes retos económicos.
La evolución de la deuda pública potosina será un tema clave para la administración estatal, así como para los ciudadanos, quienes, en última instancia, cargan con el peso de estos compromisos.
