Colectivos ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales para garantizar un enfoque de derechos humanos en las políticas de movilidad urbana, particularmente en proyectos de infraestructura vial y transporte público.
Durante un pronunciamiento público, representantes de organizaciones civiles señalaron que diversos proyectos en la capital potosina y su zona conurbada no siempre consideran adecuadamente la accesibilidad universal, la seguridad peatonal y el impacto ambiental, lo que afecta de manera directa a personas con discapacidad, adultos mayores y comunidades vulnerables.
Las agrupaciones solicitaron al Ayuntamiento de San Luis Potosí y al Gobierno del Estado abrir espacios de diálogo y consulta ciudadana antes de ejecutar nuevas obras, así como transparentar los estudios técnicos y sociales que respaldan las decisiones en materia de movilidad.
Autoridades estatales respondieron que se trabaja en la actualización de planes de movilidad sostenible, y afirmaron que se buscará incorporar criterios de inclusión y participación social en los proyectos programados para 2026.
