La ampliación del bulevar Río Santiago no estará concluida durante 2026, reconoció el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Jorge Grimaldo Limón. La obra continuará por etapas el próximo año, mientras la organización Cambio de Ruta espera que un juzgado federal determine las medidas de mitigación ambiental relacionadas con los árboles afectados.
El secretario explicó que la empresa responsable trabaja por tramos y que las dimensiones del proyecto obligan a programar entregas parciales. No anunció una fecha definitiva para terminar toda la ampliación; planteó como expectativa concluirla antes del fin de la administración estatal.
En declaraciones recogidas por Pulso el 28 de octubre, Grimaldo admitió que no se terminará el proyecto este año y que seguirá avanzando «por etapas, por kilómetros». En otra cobertura de la misma jornada, el funcionario atribuyó parte de los retrasos a las lluvias y señaló que los trabajos de la primera sección incluyen terracerías y pavimentación.
Por su parte, Luis González Lozano, director de Cambio de Ruta A.C., informó que el Poder Judicial Federal realizó una inspección y que el juzgado debe definir cómo se atenderán las afectaciones ambientales. El activista cuestionó los recursos legales promovidos por el Ejecutivo, a los que atribuye retrasos en la resolución; se trata de su valoración, no de una determinación judicial conocida.
La organización insiste en que la reparación ambiental no debe limitarse a contar árboles nuevos. Reclama un programa técnico que identifique especies, ubicación, manejo y condiciones de supervivencia de los ejemplares, además de mecanismos para comprobar el cumplimiento de las medidas.
La Seduvop sostiene que las obras no han sido suspendidas y que desarrolla acciones de reforestación. Esa postura oficial no resuelve por sí misma la controversia: sin el texto de una resolución judicial actualizada, no es posible afirmar que el juicio esté concluido o que todas las obligaciones ambientales estén satisfechas.
Además del calendario de apertura de cada tramo, falta conocer el costo actualizado de la obra y la documentación pública del programa de mitigación. La ampliación combina un objetivo de movilidad con obligaciones ambientales que deberán evaluarse con información comprobable.
