La falta de personal de enfermería y los problemas de suministro de medicamentos volvieron al centro de la discusión pública durante la comparecencia de la secretaria de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz, el 21 de octubre. En el Hospital Central se estimó un déficit de entre 350 y 700 enfermeras, mientras el Gobierno estatal insistió en que la operación de hospitales corresponde desde 2024 al IMSS-Bienestar.
Según la información expuesta ante el Congreso, una enfermera puede llegar a atender entre 18 y 30 pacientes por turno. La amplitud del déficit estimado hace necesario conocer la plantilla autorizada, las vacantes efectivas y los criterios de cálculo, datos que no quedaron suficientemente desglosados durante el ejercicio legislativo.
Gómez Ordaz señaló que en 2024 se transfirieron 2 mil 280 trabajadores al modelo federal y que siguen gestionándose contrataciones. De 395 plazas comprometidas, 50 se incorporarían en noviembre, mientras las restantes están pendientes de análisis y cobertura. La promesa coincide con los acuerdos anunciados después de las protestas del personal sanitario, pero todavía debe verificarse su cumplimiento.
El abasto también generó cuestionamientos. La diputada Nancy García presentó cifras que sitúan el suministro de medicamentos en 91 por ciento en octubre de 2025 y entre 72 y 73 por ciento en septiembre de 2026. Esos porcentajes corresponden a datos expuestos en la comparecencia y requieren una explicación pública sobre metodología, hospitales incluidos y tipos de medicamentos considerados.
La secretaria argumentó que IMSS-Bienestar concentra las solicitudes de las unidades y administra el almacén central, mientras el Estado conserva labores de prevención, promoción de la salud, distribución hacia zonas alejadas y compras extraordinarias ante faltantes graves. Sin embargo, no precisó cuántas verificaciones de supervisión hospitalaria realizó la autoridad estatal este año.
La comparecencia se produjo después de movilizaciones de trabajadores del Hospital Central que denunciaron escasez de insumos, sobrecarga laboral y falta de contrataciones. La división administrativa entre Federación y Estado no elimina la necesidad de informar a pacientes y personal qué institución responde por cada falla y cuándo se corregirá.
Entre los pendientes verificables están la incorporación efectiva de las 50 plazas anunciadas para noviembre, el destino de las demás vacantes, el desglose del abasto por unidad médica y la publicación de indicadores de supervisión. Sin esos datos, los anuncios presupuestales y de contratación no permiten medir una mejora real en la atención.
