La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí reconoció ante el Congreso que acumula más de 600 expedientes rezagados y que el transporte de personal hacia la zona industrial no había contado con una supervisión estatal suficiente.
En su comparecencia del 21 de octubre, Araceli Martínez Acosta informó que la dependencia identificó 80 empresas dedicadas a trasladar trabajadores y comenzó a revisar sus permisos, las condiciones de los vehículos, las licencias de operadores y los seguros de pasajeros.
La identificación de las empresas no permite saber cuántas unidades cumplen con los requisitos. La funcionaria no presentó un balance desglosado de inspecciones, observaciones o medidas correctivas.
Sobre el servicio de taxi, la SCT reportó alrededor de 5 mil 400 concesiones y 18 mil operadores. La titular mencionó suspensiones provisionales y revocaciones de licencias, pero no precisó el número de procedimientos ni sus resultados.
Martínez Acosta señaló que la aplicación Mi Taxi cuenta con 2 mil 438 unidades registradas y acumula 15 mil 805 viajes desde agosto. También atribuyó a Red Metro ahorros superiores a 400 millones de pesos para las familias y una reducción de más de 300 mil toneladas de dióxido de carbono.
Durante la comparecencia no se detalló cómo se calcularon esos ahorros y emisiones. Tampoco quedó definido el financiamiento para mantener la gratuidad de Red Metro después del actual periodo de gobierno.
Las cifras expuestas abren preguntas de rendición de cuentas sobre la supervisión del transporte laboral, los expedientes administrativos pendientes y los indicadores que permitirían comprobar los beneficios atribuidos a la red de transporte público.
